MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -
CC.OO. ha reclamado este miércoles al Gobierno un acuerdo con los agentes sociales para reformar el contrato para la formación y el aprendizaje juvenil, ya que "ni ha ocupado a los más jóvenes, como era su finalidad, ni ha mejorado su cualificación e inserción en el mercado laboral".
"El contrato para la formación y el aprendizaje nació para facilitar el acceso al mercado de trabajo de las personas más jóvenes y con menores niveles de cualificación. Sin embargo, su utilización se aleja de los buenos propósitos iniciales y sus resultados difieren mucho de los logros esperados", denuncia el sindicato.
De acuerdo con un estudio de CC.OO. que analiza la información de contratos formativos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el número de contratos para la formación y el aprendizaje alcanzó el año pasado la cifra de 52.803, un 0,2% del total y un 9% más que en 2017.
En su diseño original, este tipo de contratos se dirigía a jóvenes menores de 25 años. Pese a ello, el 54% de las personas contratadas en 2018 tenían 25 años o más, y solo una de cada diez personas eran jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y 19 años.
Según el informe de CCOO, la participación en este contrato de las personas más jóvenes incorporadas al mundo laboral con menores niveles educativos ha descendido del 71% en 2007 a sólo el 13% en 2018, "desvirtuando así una de las finalidades de este tipo de contratación".
"Intentando paliar los efectos de la crisis, el Gobierno desvió y desvirtuó el propósito de esta iniciativa de fomento de la contratación juvenil, ampliando el límite de edad (a 29 años) e incluso eliminándolo para personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social, en lugar de buscar fórmulas específicas para su integración en el mercado laboral", apunta el sindicato.
"UNA HERRAMIENTA PARA PRECARIZAR EL EMPLEO ADULTO"
CC.OO. critica que, en la práctica, estos contratos, en contra de su objetivo, no se dirigen mayoritariamente a los más jóvenes. "Su uso está precarizando las condiciones de trabajo de la población adulta, sin explicación ni justificación laboral alguna", ha advertido la secretaria de Empleo y Cualificación de CC.OO., Lola Santillana.
El Estatuto de los Trabajadores prevé este tipo de contrataciones para quienes carezcan de la cualificación profesional reconocida por el sistema de formación profesional para el empleo o del sistema educativo requerida para concertar un contrato en prácticas.
Así, expone el sindicato, sólo las personas con título universitario o formación profesional de grado medio o superior o equivalente pueden formalizar un contrato en prácticas, de manera que este colectivo estaría excluido del contrato para la formación.
Sin embargo, se ha duplicado el número de personas contratadas con formación profesional superior o estudios universitarios, alerta CC.OO. En 2018, el 11% de estos contratos se realizaron a personas con formación profesional o estudios de grado, "supuestamente por carecer de cualificación relacionada con dicha ocupación".
"Esto posibilita que una mujer con la carrera de Medicina pueda ser contratada como camarera, mientras que sólo el 36% de estos contratos se formalizaron con personas sin estudios o con estudios primarios", denuncia Santillana.
CC.OO. advierte de que este contrato se ha acabado convirtiendo en una herramienta de precarización e inestabilidad laboral. Con la reforma de 2012 del Gobierno del PP se introdujeron incentivos económicos para estos contratos que, según estimaciones realizadas por CC.OO., han supuesto un "dispendio de dinero público" superior a los 2.000 millones de euros entre 2013 y 2018.
