CCOO señala que la sentencia del Supremo afecta a personal laboral indefinido no fijo

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras (CCOO) ha señalado este martes que la sentencia del Tribunal Supremo sobre abuso de temporalidad afecta exclusivamente al personal laboral que, mediante resolución judicial, ostenta la condición de indefinido no fijo, por lo que queda excluido el personal funcionario interino, cuyo régimen jurídico es distinto y queda al margen.

El Pleno de la Sala Social del Tribunal Supremo ha dictado sentencia y fijado criterio por el abuso de la temporalidad en las Administraciones Públicas españolas, estableciendo que sólo deben adquirir la condición de fijos quienes previamente hubieran superado una prueba selectiva para acceder a un empleo indefinido, sin obtener plaza, y que hubieran encadenado después contratos temporales.

El Área Pública de CCOO ha hecho una primera valoración de esta sentencia que, según el sindicato, afecta exclusivamente al personal laboral que, mediante resolución judicial, ostenta la condición de indefinido no fijo. El sindicato ha precisado que esta figura jurídica no existe en el ámbito contencioso-administrativo, que regula al personal funcionario y estatutario.

En lo que respecta al alcance de la sentencia, únicamente el personal laboral indefinido no fijo que haya superado un proceso selectivo completo --no limitado a una prueba de examen-- podrá reclamar la fijeza en su puesto.

El resto del personal laboral en situación de indefinido no fijo que no haya superado dicho proceso podrá, en su caso, solicitar una indemnización.

El sindicato ha subrayado que no todo el personal laboral se encuentra en esta situación, ya que en la mayoría de los casos, los trabajadores continúan en régimen de temporalidad.

Igualmente, el sindicato ha recordado que esta sentencia no afecta al personal funcionario interino, cuyo régimen jurídico es distinto y queda al margen de lo aquí expuesto.

CCOO ha asegurado que seguirá reivindicando estabilidad en el empleo, compensación al abuso o fraude en la contratación, y responsabilidad y sanciones ejemplares a las Administraciones Públicas que incumplan.