Apoya el establecimiento de un suelo de protección social para todos los países del G-20
MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha emplazado a mantener el gasto del 3,2% del PIB destinado a financiar las prestaciones por desempleo tras las elecciones generales del próximo 20 de noviembre.
"El mantenimiento de esta protección es uno de los principales retos que el país tiene que afrontar en su futuro inmediato", aseguró el ministro durante su intervención en la reunión de los titulares de Trabajo y Empleo del G-20 que se celebra en París.
Con este ánimo, España se ha pronunciado a favor de establecer un suelo de protección social para todos los países del G-20. Gómez indicó al respecto, en una rueda posterior a su intervención, que en ese proceso es preciso respetar las posiciones relativas de cada estado.
Además, apuntó que se trata de un objetivo que conviene desarrollar de manera "progresiva" si se quiere que tenga éxito, ya que es preciso tener en cuenta la historia económica de los diversos países.
A su juicio, el G-20 debe caminar "sin imposición, pero sabiendo que no hay crecimiento económico posible, ni justicia para la redistribución de nuestro crecimiento, si los avances no se traducen en mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos".
RECUPERAR LA CONFIANZA DE LOS MERCADOS.
Para el ministro de Trabajo es imprescindible restaurar la confianza de los mercados en las políticas económico-financieras, junto al mantenimiento de la confianza de los ciudadanos.
Solo así "seremos capaces de salir de la crisis fortaleciendo nuestras democracias y nuestros elementos de convivencia", dijo, antes de añadir que "se trata de una lección que nunca está de más señalar y más en un ámbito como el G-20".
Durante su participación en la reunión misterial, Gómez repasó también las reformas aprobadas en el último año sobre el mercado laboral y puso el énfasis en el cambio del sistema de pensiones fruto del consenso con los agentes sociales.
El ministro también se refirió a la modificación del contrato a tiempo parcial y el impulso generado a la tasa de este tipo de empleo hasta cotas similares al resto de Europa. Gómez insistió en que todas las reformas adoptadas combinan flexibilidad para las empresas y seguridad para los empleados, puesto que ninguna ha introducido "cambios sustanciales" en la protección a los trabajadores.
