MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -
Los sindicatos CC.OO., UGT y CSI-CSIF están estudiando la posibilidad de recurrir ante la Justicia el recorte en un 5% del salario de los funcionarios anunciado por el Gobierno, según aseguró, en declaraciones a Europa Press, el responsable nacional de Formación de CSI-CSIF, Miguel Borra.
Borra señaló que los servicios jurídicos de los tres sindicatos están analizando las distintas opciones legales, pero precisó que habrá que esperar a lo que apruebe mañana por la tarde el Consejo de Ministros para definir qué posibilidades y de qué forma se podría recurrir la medida ante los tribunales.
En la misma línea, el secretario general de la Función de Servicios Públicos (FSP) de UGT, Julio Lacuerda, confirmó que los sindicatos "están trabajando" en un posible recurso y reiteró que antes de interponerlo quieren "conocer el alcance de la medida, el por qué de su alcance y si supone algún tipo de discriminación".
Sobre esta última cuestión, Lacuerda aseguró que los sindicatos estarán atentos por si la medida afecta a una parte de los empleados públicos y deja al margen a otros con la misma naturaleza jurídica.
El mismo día en que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció esta rebaja salarial, el pasado 12 de mayo, los sindicatos ya dejaron la puerta abierta a denunciar al Gobierno ante la Justicia si finalmente incumple el acuerdo trianual 2010-2012 que firmaron en septiembre del año pasado con el Ejecutivo.
Los sindicatos alegan que la rebaja salarial a los funcionarios, además de ser una agresión sin precedentes, vulnera un acuerdo en vigor, que ya contemplaba un escenario de crisis. De hecho, a principios de 2010 los salarios de los empleados públicos se incrementaron sólo un 0,3%.
El enfado de los sindicatos por esta medida les ha llevado a convocar una huelga general en las administraciones públicas para el próximo 8 de junio. Asimismo, mañana por la tarde, a partir de las 18.00 horas, celebrarán actos de protesta ante las delegaciones y subdelegaciones de gobierno y, en Madrid además se concentrarán ante el Ministerio de Economía y Hacienda.
Previamente, a las 9.30 horas de la mañana, los sindicatos se entrevistarán con la secretaria de Estado de la Función Pública, Consuelo Rumí, en el marco de la Mesa de Negociación de las Administraciones Públicas.
SE REPITE LA HISTORIA Y MÁS.
En el caso de que los sindicatos recurriesen la decisión del Gobierno, no sería la primera vez. La Audiencia Nacional falló a favor de la Federación de Enseñanza de CC.OO. en enero de 2001 y procedió a anular la congelación salarial que sufrieron los empleados públicos en 1997, cuando Mariano Rajoy era el ministro de Administraciones Públicas.
En aquella ocasión también existía un acuerdo trianual para regular los incrementos salariales, como ahora, válido para los años 1995, 1996 y 1997.
La Audiencia señaló entonces que los empleados públicos tenían derecho a percibir el incremento salarial, según la previsión presupuestaria del crecimiento del IPC en 1997, más las cantidades que dejaron de percibir en los años posteriores como consecuencia de dicho aumento salarial.
Sin embargo, en febrero de 2002, el Tribunal Supremo estimó un recurso de casación presentado por el Gobierno y dejó sin efecto la sentencia previa de la Audiencia Nacional.
Según argumentó el Supremo, la Ley de Presupuestos Generales del Estado que albergaba la congelación salarial estaba por encima de cualquier acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos. Así lo percibieron también el Tribunal Constitucional y el de Estrasburgo, al que recurrió sin éxito CC.OO.
En declaraciones a Europa Press, la abogada que llevó el caso en 2001, Carmen Perona, señaló que la situación ahora es "totalmente diferente" en el sentido de que las argumentaciones del Supremo ya no serían suficientes.
Según explicó, es cierto que el Estatuto del Empleado Público permite en estos momentos una congelación salarial por motivos de coyuntura económica.
Sin embargo, prosiguió Perona, el Gobierno plantea ahora una rebaja de los salarios de los funcionarios, algo que no contempla este estatuto, incumple lo acordado en el ámbito de la negociación colectiva e incluso iría en contra de la Ley de Presupuestos, que, según argumentó en 2002 el Supremo, tiene un tratamiento especial y, por ejemplo, requiere mayoría parlamentaria para su modificación.
