MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Dirección de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, formada por administración, sindicatos y empresarios, ha salido en defensa del sistema de formación profesional para el empleo, tras las informaciones publicadas acerca de la supuesta financiación ilegal de UGT a través de los fondos destinados a los cursos de formación de trabajadores.
La Fundación Tripartita explica, en un comunicado, que la formación profesional es uno de los sistemas existentes en España para extender el acceso de los trabajadores ocupados y desempleados y de las empresas a una "formación de calidad", que contribuya a alcanzar los objetivos de la Estrategia de Empleo nacional y europea, y añade que se gestiona en el ámbito estatal por el Servicio Público de Empleo, con la colaboración de la Fundación Tripartita, y en el ámbito autonómico, por el organismo competente de cada comunidad autónoma.
Asimismo, indica que este modelo de formación es considerado por el Tribunal Constitucional ajustado a la Constitución Española, según reiteradas sentencias y su financiación está regulada en un real decreto del año 2007.
Por otro lado, aclara que la mayor parte de los fondos del subsistema proceden de la recaudación de la cuota de formación profesional (0,70% de la base de cotización por contingencias comunes a la Seguridad Social) y se completan con subvenciones del Fondo Social Europeo y la aportación del Servicio Público de Empleo Estatal. Para 2013, la recaudación de la cuota para formación profesional sumó 1.860 millones de euros, siendo 1.777,65 millones la recaudación prevista para 2014.
De este presupuesto total, a las iniciativas gestionadas por la Fundación Tripartita se destinan 930 millones en 2013 y 888 millones en 2014, con los que se financian, además de los planes de formación y las bonificaciones a las empresas, el presupuesto de formación del personal de las administraciones públicas y el funcionamiento de la propia Fundación (31,03 millones de euros en 2013, destinados exclusivamente al pago de sus gastos corrientes operativos y las nóminas de su personal). Además, más de 100 millones de la cuota se distribuyen entre las comunidades para la formación de empleados.
La Fundación Tripartita aclara también que no aporta fondos a la financiación del sistema de formación, "como erróneamente se ha informado", sino que su gestión comprende la tramitación de las subvenciones correspondientes a las dos convocatorias en curso, que suponen un total de 181 millones de euros destinados a la financiación de acciones formativas planificadas y al tratamiento informático de las bonificaciones a las empresas formadoras, por un total de 575 millones.
De esta forma, la suma total de las cantidades destinadas a las iniciativas de formación que gestiona la Fundación Tripartita en 2013 ha sido de 756 millones de euros.
En otro orden de cosas, la Fundación Tripartita asegura que no tiene atribuidas potestades públicas para la concesión, pago, seguimiento y control de las subvenciones ni tampoco para la sanción de conductas ilegales y malas prácticas.
Además, afirma que la concesión de subvenciones dentro de la iniciativa de formación de oferta de ámbito estatal se realiza en régimen de concurrencia competitiva, respetando los principios de objetividad, igualdad, transparencia y publicidad, según el procedimiento regulado en las órdenes ministeriales de bases y las sucesivas convocatorias.
Igualmente, en los planes de formación sectoriales, cuya financiación supone la mitad de los fondos disponibles, la concurrencia se abre a todas las organizaciones representativas de trabajadores y empresarios, estén o no presentes en la Fundación. En esta línea de subvenciones, las comisiones paritarias sectoriales determinan las necesidades y prioridades formativas a cubrir en cada sector de actividad y a esas necesidades deben atenerse los planes presentados.
Por último, señala que una vez aprobados los planes de formación, las entidades beneficiarias deben cumplir los plazos de comunicación de inicio y finalización de las acciones y de grupos formativos conforme a un modelo normalizado. Estas entidades responsables de ejecutar los planes deben realizar una evaluación y control de la calidad de la formación de, al menos, el 5% de los grupos.
