ESTRASBURGO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -
El comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, insistió hoy en que la polémica directiva de servicios, que pasará hoy su último trámite ante el Parlamento Europeo, no socavará el derecho laboral de los Estados miembros ni los servicios de asistencia social como temen los países que más se han opuesto a la norma, como Francia, Alemania o Bélgica, que alegaban el riesgo de 'dumping social' ejemplificado en la figura del 'fontanero polaco'.
McCreevy defendió las bondades del texto porque facilitará el establecimiento de empresas de servicios en otros Estados miembros y la prestación transfronteriza de servicios al reducir la burocracia y los obstáculos administrativos, lo que impulsará el crecimiento y el empleo.
Durante el debate, los grupos mayoritarios -popular, socialista y liberal- expresaron su apoyo al compromiso, lo que garantiza su aprobación este mediodía. En contraste, Verdes e Izquierda Unitaria anunciaron que votarán en contra al considerar que no se garantiza de manera suficiente la protección de los derechos sociales de los trabajadores.
"La Comisión quiere decir sin ambigüedades que la directiva de servicios no afecta al derecho laboral establecido en las legislaciones nacionales ni a los derechos colectivos de los agentes sociales", dijo McCreevy en su comparecencia ante el pleno de la Eurocámara para pedir a los diputados que apoyen en segunda lectura el compromiso alcanzado por los Veinticinco el pasado 25 de mayo. Precisó no obstante que por encima del derecho laboral nacional seguirá estando el Tratado.
La directiva de servicios tampoco tendrá ningún impacto sobre el derecho penal, lo que significa, según el comisario de Mercado Interior, que "los Estados miembros podrán aplicar su derecho penal no sólo a los prestadores de servicios establecidos en su territorio sino también a los de otros países que presten servicios en su territorio".
Finalmente, McCreevy insistió en que quedarán fuera del ámbito de aplicación de la directiva los servicios sociales relacionados con la vivienda social, el cuidado de niños o la asistencia a familias o personas necesitadas prestados por el Estado, por iglesias o por organizaciones caritativas.
A juicio del comisario de Mercado Interior, el voto de la directiva supone un "hito" en la historia del Parlamento Europeo por su "papel de liderazgo" en el proceso legislativo. "Es innegable que se trata de un elemento esencial en los esfuerzos por impulsar la economía europea y liberar el potencial del mercado interior de servicios", afirmó.
Destacó que el texto proporciona un auténtico "valor añadido" al mercado interior "al reducir la burocracia, eliminar barreras y proporcionar seguridad jurídica a las empresas". Por ello, tendrá un "impacto positivo" en la libertad de establecimiento y creación de nuevas empresas y será "crucial para impulsar el espíritu emprendedor y para promover el crecimiento y el empleo".
Los proveedores de servicios "tratarán con sistemas de autorización transparentes y justos con procedimientos rápidos y simples". "Podrán reclamar información y completar las formalidades administrativas en una ventanilla única en cualquier Estado miembro y también de manera electrónica. Esto simplificará, acelerará y reducirá el coste para poner en marcha nuevas empresas y eliminará la necesidad de tratar con diferentes niveles y autoridades", relató McCreevy.
También se facilitará la prestación transfronteriza de servicios gracias al principio de "libertad de prestar servicios", que representa, a juicio del comisario, "un equilibrio justo" entre el derecho de los proveedores de servicios al libre acceso y la posibilidad de los Estados de establecer sus propios requisitos "en algunas circunstancias claramente definidas".
