MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Congreso debatirá este martes si las empresas de trabajo temporal (ETT's) deberían colaborar con los servicios públicos de empleo estatal y autonómicos ante las limitaciones "manifiestas" de las políticas de empleo por el incremento del número de parados a causa de la "crisis" económica.
Será a instancias de CiU, que registró una moción en la que se plantea que de esta forma se garantizarían las oportunidades de trabajo y facilitar una rápida recolocación de las personas en paro, reduciendo los periodos de desempleo de los trabajadores y mejorando la intermediación en el mercado laboral.
La iniciativa, consecuencia de interpelación que su diputado Carles Campuzano dirigió la semana pasada al ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, podría contar con el visto bueno del Gobierno, después de que esta semana los sindicatos denunciaran hoy que las cargas de trabajo de las oficinas del antiguo Inem se han disparado en los últimos meses, sin que haya aumentado la plantilla, lo que podría llevar al colapso del sistema a partir de septiembre.
Fuentes parlamentarias indicaron a Europa Press que CiU está negociando con el PSOE un acuerdo sobre esta iniciativa, al que podría unirse también el PP, si bien el pacto no se cerrará antes del lunes.
De momento, el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, mostró el pasado viernes su rechazo frontal a la propuesta de CiU y advirtió de que, de suscribirlo, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, estaría rompiendo su "compromiso solemne" con los agentes sociales.
REFORMA ENMARCADA EN EL DIÁLOGO SOCIAL.
En el texto de la iniciativa, que se votará en el Pleno del Congreso del 24 de junio, se plantea que la reforma de los servicios públicos de empleo y de las políticas activas de empleo se haga de acuerdo con las comunidades autónomas y en el marco del diálogo social para adaptarlos "a las nuevas necesidades".
En este sentido, CiU insiste en que se incrementen los recursos destinados, vinculando las prestaciones de desempleo con las actividades de formación y búsqueda de empleo, abriendo también la puerta a las empresas y a las "entidades de economía social", esto es, cooperativas, sociedades anónimas laborales y empresas de inserción.
En lo que concierne al colectivo de autónomos, CiU quiere que el Gobierno presente antes de fin de año el proyecto de Ley regulador de la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos, y propone que se doblen, hasta alcanzar el 80%, los actuales niveles de capitalización de la prestación por desempleo para aquellos parados que decidan convertirse en trabajadores autónomos.
