Advierten de que bonificar los contratos con las prestaciones del paro perjudicará a los desempleados de larga duración
MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los expertos convocados por la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso ante la tramitación del proyecto de Ley de medidas urgentes por el empleo reclamaron hoy a los grupos parlamentarios que aborden "desde ya" una reforma laboral y destacaron que ésta hubiera sido necesaria incluso en una situación económica favorable porque la regulación laboral actual está "absolutamente desequilibrada".
En este sentido, el catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense de Madrid, Francisco Pérez de los Cobos, tanto como su homólogo en la Universidad de Valencia, Tomás Sala, coincidieron en asegurar que resulta "completamente absurdo" imputar a la legislación laboral la crisis.
Sin embargo, ven necesario impulsar la "flexibilidad interna" de las condiciones laborales dentro de las propias empresas, al tiempo que destacaron la "rigidez" de la actual regulación sobre los contratos y el despido, que plantean "enormes dudas" en su redacción actual. "Sin ser el 'bálsamo de Fierabrás', sí que pueden ayudar", resumió Salas.
Así, Pérez de los Cobos denunció que las opciones que plantea el Gobierno en el decreto ley de medidas urgentes en materia de empelo que dio origen a la norma que se tramita en estos momentos en la Cámara Baja "resultan discutibles" y pueden provocar distorsiones "no deseadas" en el funcionamiento del mercado de trabajo.
Entra las más destacadas, figura el que la empresa que contrate a desempleados con subsidio podrá bonificarse el 100% de la cuota empresarial a la Seguridad Social, hasta alcanzar un máximo equivalente al importe de la prestación que el parado tuviera pendiente de recibir a la fecha del contrato
"DESAFORADO" RECURSO AL DESPIDO IMPROCEDENTE
El catedrático advirtió de que con esta medida los parados de mayor duración, y con menor prestaciones pendientes de cobro, así como los jóvenes serán los "grandes paganos" de los problemas del mercado laboral, a causa de una medida que también "abunda en segmentación" dl mercado y atenta contra cuadro general de bonificaciones pactado en la reforma de la Seguridad Social de 2006.
Por su parte, Tomás Sala Franco aseguró que existe un uso "desaforado" del despido improcedente porque no funciona la opción de la extinción de contrato por "causas económicas, técnicas o colectivas".
Salas advirtió además de que la complejidad de los mecanismos de "flexibilidad interna" del trabajo dentro de una empresa, en relación a horario o movilidad geográfica, están provocando que las empresas encuentren más atractiva la opción del despido o el Expediente de Regulación de Empleo (ERE).
PSOE HABLA DE PICARESCA EMPRESARIAL
La diputada 'popular' Celia Villalobos alertó del riesgo de "discriminación" de los trabajadores de mayor edad a causa de la aplicación del decreto desde marzo, por lo que reclamó la comparecencia de la secretaría general de Empleo, Maravillas Rojo.
Por su parte, el socialista Manuel de la Rocha defendió el carácter de "plan de urgencia" del decreto ley que, si bien no fue suscrito por patronal y sindicatos, sí "concitó la coincidencia" de los agentes sociales para aplicar las medidas y achacó la "picaresca empresarial" a la reforma laboral de 2002 impulsada por el Gobierno del Partido Popular.
