Emplaza al Tribunal de Cuentas a analizar la antigüedad, vida media y riesgo de financiación de la deuda del Estado
MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Parlamento ha exigido este martes al Gobierno que adapte la financiación temporal del Estado a la Seguridad Social en función de los gastos de los que ésta debe hacerse cargo, de modo que se evite que el actual "desfase" presupuestario siga causando un incremento del déficit de financiación, que podría "dificultar a medio plazo el objetivo de separación de fuentes de financiación" y generar "tensiones de liquidez".
Así lo ha decidido la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, que ha aceptado 60 de las propuestas de resolución presentadas por el PP, el PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD y CiU --algunas de ellas coincidentes-- a la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2011 que ha realizado el organismo fiscalizador y que también ha quedado aprobada en esta sesión parlamentaria.
Entre las resoluciones aprobadas dirigidas, destaca la petición al Ejecutivo de que financie de forma más adecuada a la Seguridad Social y que requiera a la Tesorería General de este organismo que en un plazo de seis meses disponga de un Inventario General de Bienes y Derechos "completo, actualizado y conciliado con las cifras registradas contablemente", en especial en relación con los terrenos y bienes naturales y con las construcciones.
Esta recomendación se suma a las ya habituales de adoptar las medidas necesarias para que la Cuenta General del Estado se ajuste a la legislación y refleje "adecuadamente" la actividad económico-financiera del sector público, subsanando las deficiencias detectadas por el Tribunal de Cuentas, algunas de las cuales se repiten informe tras informe.
Además, los grupos parlamentarios emplazan al Ejecutivo a vigilar la "adecuada" publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de los resúmenes de las cuentas anuales con la información adecuada y a que exija a todos los órganos del sector público que presenten sus cuentas en plazo y subsanen los fallos detectados.
REVISAR LA DEUDA
También se pide una revisión y regularización de las rúbricas de activos y pasivos incluidas en la Cuenta General del sector público administrativo cuya antigüedad "permite prever que no van a ser realizables ni exigibles" y, en la misma línea, se propone al Tribunal de Cuentas que analice la antigüedad, vida media, riesgo de financiación y distribución de la Deuda del Estado, dado que la carga financiera que genera afecta a ejercicios presupuestarios futuros.
En línea con estos apuntes, las Cortes también piden al Ejecutivo que tome medidas para "evitar la práctica de diferir la imputación al presupuesto de los derechos y de las obligaciones" y para "reducir los saldos de operaciones pendientes de imputar" a las cuentas públicas.
Asimismo, se plantea la necesidad de avanzar en la "utilización exhaustiva de los remanentes de Tesorería", que generan una "escasa rentabilidad" para las arcas públicas, así como de mejorar la planificación, presupuestación y rendición de cuentas de todo el sector público.
Incrementar paulatinamente el contenido de los inventarios, modificar el procedimiento de registro de las operaciones de Seguro de Crédito a la Exportación en la Cuenta General del Estado, restringir y "anular en lo posible" la creación de fondos sin personalidad jurídica, o promover el principio de publicidad activa, instando a todas las entidades del sector a publicar en sus webs las cuentas anuales e informes de auditoría y fiscalización también se cuentan entre las recomendaciones al Gobierno
OTRAS RECOMENDACIONES
La Comisión Mixta también ha aprobado varias recomendaciones destinadas a la Intervención General del Estado, que debe confeccionar la Cuenta General "de forma completa" y con unos criterios más homogéneos, trabajando además en la eliminación de las "inconsistencias internas" detectadas y favoreciendo la inclusión de un mayor número de sociedades y fundaciones en la Cuenta General.
En cuanto a las sugerencias dirigidas al propio Tribunal de Cuentas, el Parlamento cree que el departamento que dirige Ramón Álvarez de Miranda debería incluir entre sus análisis "otra información económico-financiera relevante" que empresas, consorcios y fundaciones hacen pública, tal como informes de gobierno corporativo, informes de sostenibilidad o informes de gestión.
En este sentido, Álvarez de Miranda se ha comprometido durante su comparecencia de este martes a plantear al Pleno del organismo fiscalizador la posibilidad de incluir en el informe sobre contratación datos relativos a los recursos contencioso-administrativos que se presentan contra los pliegos de adjudicación.
Por otra parte, el Tribunal de Cuentas debería, a juicio de las Cortes, analizar las causas de las principales deficiencias que "reiteradamente" detecta en la Cuenta General del Estado y promover su corrección, concretando las actuaciones necesarias para acabar con los problemas que se encuentran año tras año, además de continuar reduciendo "en cuanto le resulte posible" el plazo de emisión de su informe.
Finalmente, se sugiere a la Intervención y al Tribunal de Cuentas potenciar su colaboración para "incrementar la rendición de cuentas" a través de medios telemáticos, de modo que se reduzcan los plazos, se incremente el número de cuentas individuales rendidas a tiempo y se potencie el tratamiento informatizado de las diferentes cuentas.
