Asegura que la crisis "no altera el diagnóstico" sobre las pensiones y que el impacto en las cuentas es "transitorio"
MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado este miércoles que la crisis no altera el diagnóstico sobre las pensiones y que el impacto en las cuentas de la Seguridad Social es de naturaleza "genuinamente transitoria". No obstante, augura un déficit de la Seguridad Social del 2% del PIB este año, siete décimas superior al del año pasado, y del 1,4% del PIB hasta 2023 si no se implementan medidas, como eliminar gastos impropios.
Así lo ha señalado durante su comparecencia a petición propia ante la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo en el Congreso para informar sobre la renovación de las recomendaciones sobre las pensiones, en la que ha indicado que el diagnóstico realizado en febrero sobre las pensiones no ha cambiado con motivo de la crisis del Covid-19.
Escrivá ha afirmado que esta evaluación no varía porque las tendencias son de medio y largo plazo y el impacto del Covid en las cuentas de la Seguridad Social es de naturaleza "genuinamente transitoria" y se está abordando en las relaciones entre el Estado y la Administración de la Seguridad Social.
Sin embargo, ha indicado que la pandemia ha traído "mucha incertidumbre", por lo que ha apelado a la responsabilidad para dar un marco de referencia a medio plazo "estable y creíble" a pensionistas y a trabajadores próximos a la edad de jubilación.
Escrivá ha augurado que el déficit de la Seguridad Social aumente del 1,3% de PIB en el que cerró en 2019 al 2% del PIB este año como consecuencia principalmente de la caída del PIB y del retroceso "significativo" de ingresos, que se recuperará a partir del próximo año.
Asimismo, ha precisado que este año se está produciendo una aportación extraordinaria del Estado para gastos extraordinarios por el Covid de 14.500 millones que irán dirigidos a la exoneración de cuotas en los ERTE, la prestación extraordinaria por autónomos, la prestación por incapacidad temporal por Covid y el ingreso mínimo vital.
ELIMINAR GASTOS IMPROPIOS
Si no se implementan medidas, y teniendo en cuenta una revalorización de pensiones conforme al IPC real, el déficit de la Seguridad Social se mantendrá en el 1,4% en el año 2023, por lo que ha abogado por eliminar los gastos impropios que tienen "efectos devastadores" sobre la imagen de la solvencia de las pensiones, algo que espera poder acometer esta legislatura cuando se consensúen las recomendaciones.
En este sentido, ha apuntado que se prevé un déficit del 1,4% del PIB (20.185 millones) de la Seguridad Social en 2023, año en que los gastos impropios serían del 1,6% del PIB (22.871 millones), por lo que la financiación fuera del sistema de dicho gastos impropios permitiría eliminar el déficit previsto.
Entre las partidas, ha citado la parte de políticas no contributivas que se están financiando con cuotas (11.305 millones), las reducciones en la cotización, como las tarifas planes (1.818 millones), la prestación por nacimiento y cuidado de hijos (2.953 millones), el complemento de maternidad (1.082 millones), las subvenciones implícitas a regímenes especiales (1.014 millones), el coste de completar las lagunas para el cálculo de la pensión (788 millones) y los gastos de funcionamiento (3.911 millones).
Por ello, ha respaldado la recomendación de la separación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social como "paso decisivo para recuperar el equilibrio financiero en el corto plazo", con una financiación por parte del Estado de gastos de la Seguridad Social no contributivos y la reducción de cotización por desempleo y aumento de cotización por contingencias comunes. A su juicio, la financiación de los incentivos al empleo no podrá hacerse con cargo a las cotizaciones sociales.
También ha avanzado que se impulsará la implantación "gradual" de la cotización por ingresos reales en autónomos con una estrategia por tramos, y ha remarcado la necesidad del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones.
INCENTIVAR LA DEMORA EN LA JUBILACIÓN
En su análisis, Escrivá ha constatado un aumento de las jubilaciones anticipadas, hasta el 16% del total en 2019, y una tendencia creciente entre los autónomos a cotizar lo mínimo ante sus "dudas" sobre la viabilidad".
En una comparativa internacional, ha apuntado que la edad efectiva de jubilación en España es de 64,6 años y la legal de 65,8 años, en línea con los países del entorno, mientras que el nivel de cotizaciones es de una media del 35,4%, en la media.
El gasto en pensiones en España es del 10,9%, frente a la media del 12,4% del resto de países, por lo que el punto de partida no presenta "problemas de sostenibilidad".
En todo caso, ha instado a incentivar la demora en la jubilación, incrementando los incentivos económicos por retrasar la jubilación y reforzar fórmulas de compatibilidad con el trabajo que permitan la prolongación de las carreras profesionales.
Según Escrivá, la jubilación demorada puede resultar atractiva a todas las partes, porque genera una pensión mayor, es un ahorro para el sistema y es un ahorro para el empresario por la reducción de cotizaciones.
La bonificación por la demora en la edad de jubilación actualmente es del 3,2%, ha precisado Escrivá, quien ha apuntado que sorprende el número de jubilaciones que se producen justo un mes antes de cumplir los 67 años, lo que les impide ser acreedores de un 2% adicional de pensión.
Entre las causas del volumen excesivo de jubilaciones anticipadas (40% del total) ha citado su uso como sustitutivo de la protección por desempleo y el volumen de ellas regidas por normativa previa a 2011, representando un 23% actualmente.
EXTENDERÁ PLANES DE PENSIONES CON ENFOQUE SECTORIAL
El ministro ha insistido en la necesidad de revisar el sistema de previsión social complementaria porque "no cumple con su principal objetivo de incentivar el ahorro, es muy regresivo y es un producto financiero muy caro, con una muy escasa participación de jóvenes".
Con datos de la AIReF, ha detallado que las rentas más altas acumulan casi el 70% del beneficio fiscal (1.100 millones de euros), en un contexto en el que los planes de pensiones de empleo han sido entre un 1,6 y 1 puntos porcentuales más baratos que los planes individuales.
Sobre ello ha avanzado que se está trabajando en un acuerdo para introducir modificaciones normativas para extender la población cubierta por planes de pensiones ligados al empleo a través de la negociación colectiva con un enfoque sectorial.
Ha comentado el diseño de un nuevo incentivo fiscal dirigido a impulsar este tipo de instrumentos colectivo en detrimento de los individuales: se desplazará la fiscalidad favorable de los planes individuales hacia los planes de empleo procedentes de la negociación colectiva y se beneficiará las rentas medias y bajas e incorporando a jóvenes.
PIDE ACELERAR LOS TRABAJOS Y UN ACUERDO "LO ANTES POSIBLE"
El ministro ha pedido acelerar los trabajos de la Comisión "al máximo" para conseguir "lo antes posible" un acuerdo con el mayor grado de consenso, al ser "fundamental" para garantizar la suficiencia y sostenibilidad de las pensiones.
Para ello, ha indicado que se está buscando también el "consenso" con patronal y sindicatos y posteriormente al acuerdo será el Gobierno el que plantee modificaciones para sustanciar las recomendaciones y dar forma jurídica y un marco normativo "permanente" a ese consenso.
En cualquier caso, ha destacado que el borrador de recomendaciones es un "excelente punto de partida" para afrontar los retos por su "buen" diagnóstico y sus líneas de actuación "claras y realistas", y ha apuntado que las recomendaciones sobre las pensiones serán una de las reformas estructurales que se presentarán a Europa.
