España gasta en políticas activas 3.331 euros anuales por parado, cinco veces menos que Alemania o Francia

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

España sólo invierte 3.331 euros anuales por parado en políticas activas de empleo, cifra cinco veces inferior a la de Alemania (16.890 euros por desempleado), cuatro veces por debajo de la Francia (14.250 euros) y 13 veces menos que Irlanda (45.190 euros por desocupado).

Así lo revela el informe 'Retos de las Políticas de Empleo en España en el marco institucional de la Unión Europea' elaborado conjuntamente por la Vicesecretaría General de UGT y la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), presentado este martes en rueda de prensa.

En el informe se reclama una reorientación del sistema para suprimir las bonificaciones de "peso muerto" a la contratación y destinarlas únicamente a colectivos de alta vulnerabilidad.

El estudio, coordinado por el profesor Daniel Pérez del Prado junto a los investigadores Ana García García y Víctor Maneiro Hervella, señala una importante paradoja en el modelo presupuestario español.

Así, aunque la inversión total en políticas activas aumentó un 20% entre 2018 y 2022 -pasando de 8.500 a 10.200 millones de euros y alcanzando el 0,762% del PIB, lo que sitúa a España en la mitad superior de los países del bloque comunitario-, el abultado volumen de desempleados diluye de forma crítica la protección efectiva sobre cada individuo.

En concreto, la cifra media destinada en España a políticas activas se queda en apenas 3.331 euros por persona desempleada al año, según los datos consolidados de 2022 recogidos en la investigación.

Esta magnitud contrasta radicalmente con los recursos movilizados por los Estados miembros que encabezan las políticas de inserción laboral: Irlanda (45.190 euros anuales por parado); Dinamarca (41.310 euros por parado); Luxemburgo (36.000 euros por desempleado), y Bélgica (27.500 euros).

Incluso en comparación con economías de tamaño y perfil productivo similar, el gasto de España por persona desempleada se halla lejos de la media europea y de países como Francia (14.250 euros por parado).

Los autores de la investigación subrayan que esta infrafinanciación por demandante limita el impacto real de las acciones de inserción y tutorización sobre colectivos con dificultades estructurales, como las personas en desempleo de larga duración (3,8% de tasa de paro, afectando al 38,8% del total de parados) o los jóvenes (con un desempleo del 24,5%).

FRENAR LAS SUBVENCIONES GENERALES Y REORIENTAR EL GASTO

Para corregir este déficit sin comprometer la sostenibilidad fiscal, el estudio propone una restructuración de distintas medidas.

Así, se critica la proliferación de bonificaciones a la contratación de carácter generalista o indiscriminado, alertando del denominado "efecto de peso muerto": contrataciones que las empresas habrían realizado igualmente sin necesidad de subvención pública.

En este sentido, el documento defiende que los incentivos a la contratación mediante cuotas o subsidios no deben utilizarse como una herramienta genérica de fomento del empleo, sino que deben restringirse de forma estricta a colectivos vulnerables (como jóvenes en riesgo de exclusión, mayores de 45 años y parados de muy larga duración) y vincularse a un diagnóstico o perfilado previo de los demandantes.

Asimismo, el sindicato y la Universidad Carlos III urgen a reconducir los fondos no ejecutados hacia la formación orientada a las necesidades reales del mercado.

En este punto, el estudio denuncia que en el ejercicio 2024 el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) dejó sin ejecutar 616,7 millones de euros destinados a programas formativos (un 35% del presupuesto asignado para formación de ocupados y un 26% en el caso de desempleados), lo que evidencia la necesidad de reformar la gestión administrativa y dotar de más personal al sistema público de empleo.

CASI UN 30% DE LAS PLAZAS DE LA PLANTILLA DEL SEPE ESTÁN VACANTES

El estudio de UGT y la Universidad Carlos III dedica un apartado específico a la radiografía de los recursos humanos con los que cuentan los servicios públicos de empleo en España, advirtiendo de un "problema estructural y crónico" de falta de personal que lastra la capacidad de atención individualizada.

En el caso de la administración estatal, la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) contempla una plantilla teórica de 11.811 puestos de trabajo, pero la realidad operativa refleja, según el informe, una brecha acusada: tan sólo están cubiertos 8.304 puestos (el 70,3% del total).

Esto supone que el SEPE mantiene en la actualidad 3.507 plazas vacantes sin cubrir, lo que representa una tasa de vacantes del 29,7%. Esta carencia del 30% del personal normativamente previsto, sumada a la elevada tasa de temporalidad e interinidad y a la falta de mecanismos rápidos de reposición, tensiona la capacidad del organismo para gestionar las prestaciones y desplegar los nuevos itinerarios de orientación laboral que exige la Ley de Empleo.

Por ello, los autores del informe reclaman con urgencia completar la transformación organizativa del SEPE en la llamada Agencia Española de Empleo y dotarla de una plantilla dimensionada y estabilizada que permita abordar el asesoramiento intensivo que requieren colectivos vulnerables como los jóvenes o los parados de larga duración.

Sobre los desempleados de larga duración, el informe señala que su tasa de paro alcanza el 3,8% en España, el doble que la media de la Unión Europea (1,9%), y representan casi cuatro de cada diez parados del conjunto de desempleados en España. Este impacto es sensiblemente mayor entre las mujeres, donde el desempleo de larga duración escala hasta el 43,3% del total de paradas.

El estudio subraya que la medida más eficaz para reinsertar a este colectivo no es el subsidio ni la bonificación aislada, sino la formación combinada con orientación individualizada e itinerarios de inserción, al ser la fórmula que registra un mayor incremento en las tasas de inserción real.