Uatae, Fenadismer, COAG y Fedepe proponen bonificar parcialmente las cuotas de autónomos con bajos ingresos

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Uatae, Fenadismer, COAG y Fedepe han propuesto este lunes bonificar parcialmente las cuotas de los autónomos con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI) o que se encuentren en tramos intermedios de ingresos para evitar que la base de cotización no se reduzca de manera proporcional a la cuota.

De acuerdo con los términos de la propuesta, presentada hoy en rueda de prensa y que se llevará a la mesa de negociación con Seguridad Social, esta bonificación debería ser regresiva, de manera que sea mayor en los tramos inferiores y se vaya reduciendo según se avance hacia los tramos intermedios, descartando totalmente su aplicación en los tramos de ingresos más altos.

Con esta bonificación se contribuiría además a reducir la brecha en las pensiones de las mujeres autónomas en la medida en que tienen una mayor proporción de representación en los tramos de ingresos más bajos, según los proponentes.

"No nos negamos a pagar. Lo que queremos es pagar bien, pagar mejor, pagar cada uno lo que le corresponde y que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, tenga un nivel de protección suficiente", ha declarado la secretaria general de Uatae, María José Landaburu.

Lo que se pretende con esta propuesta, explica, es que los tramos de ingresos más altos comiencen a cotizar y abonar la cuota que verdaderamente les corresponde conforme a su poder adquisitivo. No se trata, alega, de subir sus cuotas, sino de reducir o eliminar "el privilegio de libertad de elección de bases y cuotas del que hasta ahora vienen disfrutando" para evitar que infracoticen voluntariamente.

Según la propuesta, esos ingresos que ahora no se reciben irían destinados a reducir el exceso de cotización de los tramos de menor renta. De aplicarse únicamente en el último tramo de ingresos (aquellos que tienen unos ingresos netos superiores a los 6.000 euros mensuales, que son unos 283.000 autónomos), la recaudación se incrementaría en más de 2.700 millones de euros. Este importe se elevaría en 2.200 millones adicionales si se ampliara al penúltimo tramo.

"Esto implica que si los autónomos que se encuadran en los dos tramos más altos (rendimientos de más de 4.050 euros mensuales), que suponen apenas el 13% del total de afiliados al RETA, cotizasen en función de sus ingresos, se inyectarían automáticamente unos 3.900 millones de euros", sostienen los autores de esta propuesta.

Para costear la bonificación parcial planteada a los tramos de bajos ingresos e ingresos intermedios, estas cuatro organizaciones plantean que se eche mano del dinero que actualmente se destina a financiar la tarifa plana de 80 euros/mes que pagan los autónomos cuando inician una actividad y cuyo coste estiman en unos 1.000 millones de euros anuales.

En su opinión, la tarifa plana no resulta efectiva para el objetivo para la que fue creada: fomentar el empleo autónomo, pues cada año se benefician de ella el mismo número de autónomos, unas 400.000 personas, sin que, al cabo de los dos años en los que puede disfrutarse, aumente el número de afiliados al Régimen de Trabajadores Autónomos (RETA) en la misma proporción, ya que se dan de baja una vez finalizada su vigencia.

Además, denuncian "ciertos usos desviados" de la tarifa plana que la convierten en un elemento que precariza el empleo autónomo, pues ésta se utiliza por las empresas para la contratación de falsos autónomos que, al finalizar los dos años de alta, son despedidos y no tienen derecho a prestación por cese de actividad porque en la tarifa plana no está incluida esa cobertura.

IMPLANTAR LA CUOTA DE SOLIDARIDAD EN EL RETA

A la vista del gran número de autónomos que en el primer proceso de regularización de cuotas optaron por su no devolución, los autores de esta propuesta plantean la posibilidad de actualizar la base de cotización de 31 de diciembre de 2022 conforme al IPC, con el objetivo de que se puedan mantener las expectativas de cotización y pensiones que los autónomos tenían antes de la entrada en vigor del nuevo sistema de cotización por ingresos reales.

Sin embargo, en la medida en que en los ejercicios 2023 a 2025, la misma no ha sido actualizada, proponen la actualización acumulada para el año 2026, incluyendo la variación del IPC de esos 3 años, pasando después a revalorizarse anualmente.

Asimismo, plantean que, a partir de la regularización del año 2026, si no se solicita la devolución de cuotas en caso de tener derecho a ella, se entienda que se ha renunciado a la misma para mantener la base de cotización de 31 de diciembre de 2022 actualizada.

También proponen la posibilidad de aumentar la base de cotización a determinados colectivos que, por razón de enfermedad o discapacidad, pueden ser necesitados de mayor protección social para garantizar la suficiencia de las prestaciones.

En otro orden de cosas, para garantizar la estabilidad financiera y de tesorería de los trabajadores autónomos, abogan por que se pueda solicitar un fraccionamiento automático, a través de un procedimiento diferente y más ágil que el ordinario, de hasta 12 meses, para aquellos casos en los que el resultado de la regularización sea a ingresar.

En su propuesta, las cuatro organizaciones apuestan además por dar la posibilidad de optar por una base de cotización de referencia voluntaria cuando los rendimientos resultantes son inferiores al SMI. Dicha base se fijaría entre el SMI y 1,2 veces el SMI.

Al mismo tiempo, plantean que la cuota de solidaridad que entró en vigor a principios de este año y que no se aplica en el RETA sea haga extensible a este régimen en las mismas condiciones. Una vez desplegada en su totalidad, la recaudación estimada por este concepto superaría los 2.500 millones de euros, según sus cálculos.

Asimismo, abogan por que el Estado y no la Seguridad Social asuma los gastos impropios del RETA (complementos a mínimos, complementos para la brecha de género de pensiones y prestaciones, el subsidio por cuidado y nacimiento de menor y reducciones y bonificaciones de cuotas como la tarifa plana), que ascienden a más de 4.000 millones de euros.

COTIZACIÓN UNIVERSAL POR CESE DE ACTIVIDAD

Uatae, Fenadismer, COAG y Fedepe reclaman extender los subsidios por desempleo para mayores de 52 años al trabajo autónomo, así como reformar la prestación por cese de actividad.

Sobre este último punto, proponen, entre otras cosas, que las causas económicas que motiven el acceso a la prestación por cese de actividad incluyan la existencia de pérdidas actuales, sin necesidad de que se prolonguen durante un año completo, ni de que alcancen un porcentaje determinado de los ingresos. También en aquellos casos en los que se prevean pérdidas, pero no existen en la actualidad.

Además, plantean simplificar la documentación que se les exige a los trabajadores autónomos económicamente dependientes (TRADE) --aquellos cuyos ingresos proceden al menos en un 75% de un único cliente-- y a los autónomos del sector agrario para acceder a la prestación por cese de actividad.

Las cuatro organizaciones proponen también que la cotización por cese de actividad sea obligatoria para todos los afiliados al RETA, pues actualmente hay determinados colectivos que no cotizan por esta contingencia.

Es el caso de los trabajadores que pagan la cuota reducida inicial y que, si tras dos años de actividad, no consiguen consolidar su negocio y tienen que darse da baja, no pueden acceder al cese de actividad por no haber tenido la posibilidad de cotizar por esa contingencia, ni siquiera voluntariamente.