BRUSLEAS, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los gobiernos de la Unión Europea y el Parlamento Europeo han pactado este jueves un principio de acuerdo para igualar la remuneración que obtienen los trabajadores que son desplazados por sus empresas a otro país del bloque comunitario de forma temporal a la que reciben los empleados del Estado miembro de acogida por la misma actividad.
Los representantes de ambas instituciones han logrado un consenso preliminar en la séptima ronda de negociaciones para reformar la directiva que regula los derechos de los trabajadores desplazados, aunque todavía deben cerrarse los detalles de la misma. Posteriormente, tendrá que ser aprobada tanto por los Veintiocho como por la Eurocámara.
"Es un paquete equilibrado que va en el interés de todos los ciudadanos europeos, el éxito es que nos preocupamos por que la gente que trabaja en el mismo lugar, con el mismo empleo, tenga los mismos derechos y el mismo salario", ha explicado Zornitsa Roussinova, ministra adjunta de Empleo y Asuntos Sociales de Bulgaria,, que este semestre ostenta la presidencia de turno de la UE.
La reforma de la directiva de trabajadores desplazados es una de las negociaciones que más ha dividido a los Estados miembros, puesto que en un principio contó con la oposición de los países del este. España también tenía una opinión desfavorable, pero finalmente apoyó la apertura de negociaciones con el Parlamento Europeo una vez que los Veintiocho pactaron aplicar disposiciones específicas para el sector del transporte.
Roussinova ha explicado en una rueda de prensa que el acuerdo preliminar con el Parlamento Europeo mantiene el periodo máximo de 12 meses en los que un trabajador podrá ser considerado como desplazado. Este periodo se podrá ampliar por otros seis meses siempre que esté justificado por el proveedor del servicio.
Según ha explicado, el acuerdo preliminar también mantiene el consenso entre Estados miembros sobre el sector del transporte, cuyas disposiciones en relación a trabajadores desplazados en el transporte por carretera se aplicarán una vez entre en vigor la normativa específica para este sector.
Con respecto al periodo de trasposición y aplicación de la directiva, Roussinova ha señalado que será "corto", pero no ha concretado cuánto. La posición de los ministros de Empleo, pactada en octubre, abogaba por dar tres años a los países para trasponer las normas a sus legislaciones nacionales y un año más para aplicar la directiva.
La comisaria de Empleo y Asuntos Sociales, Marianne Thyssen, ha celebrado el acuerdo y ha resaltado que "responde directamente a las preocupaciones de muchos ciudadanos". "Abre una nueva fase para una regulación justa en e mercado único. Nuestro mercado único funciona para bienes, servicios y capital, debe funcionar también para la gente", ha dicho.
Por su parte, la eurodiputada francesa Elisabeth Morin-Chartier (Partido Popular Europeo), también se ha felicitado el acuerdo pero ha llamado a "no cantar victoria" todavía porque aún debe ser confirmado por las instituciones europeas. En todo caso, ha apuntado que en el consenso alcanzado no hay "ganadores y perdedores", sino que tienen en cuenta "la diversidad de Europa y de puntos de vista".
Por último, la eurodiputada holandesa Agnes Jongerious (Socialistas y Demócratas), ha remarcado que con las nuevas normas "los trabajadores desplazados estarán protegidos desde el primer día", al tiempo que ha destacado que "los negociadores consiguieron superar las diferencias entre este y oeste, izquierda y derecha, trabajadores y empresas".
