MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -
UGT ha sido eximida por el Tribunal Supremo de pagar las indemnizaciones derivadas del caso de la PSV casi diez años después de que saltara el escándalo, que afectó a cerca de 20.000 cooperativistas de toda España.
El sindicato constituyó en 1988 la cooperativa de viviendas PSV y su gestora, IGS. Entre los socios promotores del proyecto se encontraban Paulino Barrabés, Francisco Hernández y Carlos Sotos, éste último nombrado director de la cooperativa. Posteriormente se acordó la incorporación al consejo rector de Sebastián Reyna, actual secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA).
El proyecto inmobiliario de IGS estaba integrado por seis entidades diferentes (IGS, PSV, IGS Gestión, Iniciativas Tres Cantos, Vicus Albar y la cooperativa IVM). Para ser socio, había que acudir a una sede de UGT o a las oficinas de la gestora y desembolsar inicialmente 10.000 pesetas, más una cuota única de 45.000 pesetas en concepto de gestión de suelo, cantidad que se elevó a 80.000 pesetas a partir de 1992.
Sin embargo, las cuentas anuales de IGS entre los años 1988 y 1993 no reflejaron la realidad económica de la sociedad, pues se asentaron como beneficios las plusvalías que generaron transacciones deficitarias o bien meramente artificiales.
Los cooperativistas de la PSV aportaron un total de 48.180 millones de pesetas, más 6.128,3 millones de pesetas en créditos, mientras que la gestora sólo ingresó 46.877,3 millones de pesetas, arrojando un déficit de 7.431 millones de pesetas.
A mediados de 1993 la crisis del grupo IGS afectó también a sus dos principales sociedades, la aseguradora Unial e IGS de Mercado Hipotecario. Finalmente, la sociedad entró en una situación de insolvencia irreversible y el 20 de diciembre de 1993 presentó solicitud de quiebra. Siete días más tarde, PSV se vio obligada también a solicitar la suspensión de pagos, lo que paralizó la construcción de viviendas.
La crisis provocó que la UGT hipotecara todo su patrimonio en 1994. El sindicato suscribió un crédito con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que inicialmente ascendía a 8.000 millones de euros. El vencimiento del mismo fue prorrogándose sucesivamente, mientras que se trabajaba en la clarificación del patrimonio histórico de la UGT.
Ese mismo año, entre los días 7 y 10 de abril, el sindicato celebró su 36 Congreso Confederal en el Palacio de Congresos del Campo de las Naciones. En el exterior, se escucharon los insultos de los afectados por la crisis de la PSV, mientras que en el interior del recinto se produjeron apagones y llamamientos a la unidad por parte del entonces secretario general de la UGT, Nicolás Redondo.
Tras 18 años al frente del sindicato, Redondo decidió no presentarse a la reelección y en aquel Congreso entregó el testigo al actual líder de la UGT, Cándido Méndez, que en marzo del año pasado fue designado para un tercer mandato.
LLEGA LA SENTENCIA DE LA AUDIENCIA.
El 17 de julio de 2001 la Audiencia Nacional hizo pública una sentencia por la que condenaba al ex gerente de IGS, Carlos Sotos, a una pena de dos años, cuatro meses y un día de prisión por un delito de apropiación indebida, pena que cumplió entre los años 1994 y 1995.
La Audiencia absolvió al resto de los acusados (Fermín Bretón, Francisco Hernández, Paulino Barrabés y Sebastián Reyna), pero juzgó a UGT responsable civil subsidiaria por "idear el proyecto" y elegir a Sotos para desarrollarlo, "permitiéndole un amplio ejercicio de poderes y facultades".
De acuerdo con el fallo de la Audiencia, la cantidad máxima a la que debía hacer frente UGT en concepto de indemnizaciones era de 78 millones de euros, si bien la cuantía exacta debía establecerse en fase de ejecución de la sentencia.
Sólo un día más tarde del pronunciamiento de la Audiencia Nacional, el abogado de UGT en el caso, José Manuel Chinchilla, anunció que el sindicato estudiaría presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Hoy, dos años y dos meses después, el Alto Tribunal ha hecho público el fallo definitivo del caso de la 'PSV', en el que estima parte del recurso presentado por UGT. El Supremo entiende que la extinción de obligaciones decretada por la Audiencia para IGS y PSV es extensiva al sindicato, lo que le libera de la responsabilidad civil subsidiaria.
