MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) consideran que el Gobierno ha dado un paso "en la buena dirección" aumentando la prescripción de cinco a diez años en determinados delitos fiscales y reclaman "contundencia" contra los defraudadores, según informa el sindicato en un comunicado.
El Consejo de Ministros ha endurecimiento también las penas de prisión de dos a seis años para luchar contra el fraude, "frente a la línea marcada previamente con la amnistía fiscal", explican.
No obstante, los técnicos matizan que esta modificación del Código Penal (CP) debería hacerse extensiva a todos los delitos fiscales en lugar de limitarse a crear dos subtipos agravados para los delitos contra la Hacienda Pública que superen los 600.000 euros o para los grupos delictivos, así como las "empresas fantasma" que defraudan a la Seguridad Social.
Gestha considera que estos avances "reducirán la alta tasa de insolvencias de las deudas o de las multas" y apoya también aplicar atenuantes por ingresar lo defraudado o por colaborar con la Justicia, así como la facultad de Hacienda de no paralizar la recaudación de las cuotas defraudadas por un proceso penal en curso.
En este sentido, los técnicos de Hacienda reclaman al Ejecutivo que "no baje la guardia" contra los defraudadores en un momento de importantes recortes en gastos sociales y subidas impositivas.
TRASLADAR LAS MISMAS PENAS AL ÁMBITO ADMINISTRATIVO.
Asimismo, Gestha señala que el agravamiento de las sanciones y de la prescripción penal también debería trasladarse al ámbito administrativo, ya que de lo contrario se estará aumentando una brecha injustificada entre las infracciones administrativas y las penales.
En su opinión, es "incomprensible" que el umbral para considerar a algunos delitos contra la Seguridad Social se rebaje de 120.000 euros a 50.000 euros (como los fraudes a los presupuestos y fondos de la Unión Europea), mientras que el umbral para tipificar algunos delitos contra la Hacienda aumente de 120.000 euros a 600.000 euros.
El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, explicó que "este tipo de divergencias responden a los diferentes enfoques que los ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas, por un lado, y Empleo y Seguridad Social, por otro, mantienen en la lucha contra el fraude; divergencias que no se han unificado en el informe".
