MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Hacienda dice que las principales asociaciones empresariales afectadas por los impagos de la Administración han remitido cartas a la Comisión Europea expresando su plena satisfacción con los resultados del Plan de Pago a Proveedores.
Hacienda así lo asegura en un comunicado después de conocerse que la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), Eleanor Sharpston, ha pedido este jueves a la institución que no se oponga al plan español de pago a proveedores, por el que las entidades acogidas se vieron obligadas a renunciar a 3.000 millones de euros pendientes en concepto de intereses de demora a cambio de recuperar el principal de las facturas pendientes.
En sus conclusiones, la letrada ha considerado que el mecanismo "ofrecía al acreedor la posibilidad de elegir" entre adherirse al plan para recibir el pago en un plazo breve de tiempo o continuar con la situación anterior, por la que debía contar con más tiempo para cobrar, pero "seguiría teniendo derecho" a los intereses de demora y a la compensación por costes de cobro.
En este sentido, Hacienda insiste en que "los proveedores se han mostrado satisfechos con las medidas adoptadas" y cita un informe del Banco de España en el que se señala que gracias a este mecanismo de financiación se desbloquearon los pagos y canalizaron fondos al sector privado que pudieron salvar alrededor de 400.000 empleos de las empresas afectadas.
Además, las cifras disponibles que maneja Hacienda reflejan que a través de esta vía, del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y del resto de los mecanismos adicionales de financiación, se ha movilizado liquidez para satisfacer los vencimientos, las facturas de proveedores y las deudas en general de las administraciones públicas, por un importe total de 201.559 millones de euros.
Las conclusiones de la abogada general responden a una consulta de un juzgado de Murcia, que ha preguntado al TUE si la normativa española es contraria a la directiva, después de que varios proveedores del Servicio de Salud de esta comunidad autónoma recurrieran a los tribunales.
