MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Consejo Económico y Social (CES) considera que la reforma de la contratación pública no aborda el "grave problema" de la corrupción con "la suficiente ambición y profundidad" y desaprovecha la ocasión para introducir de manera transversal las disposiciones, los procedimientos y las cautelas necesarias para prevenir "eficazmente" desde el derecho administrativo la aparición de prácticas desviadas del interés general.
Aunque ha aprobado por una amplia mayoría con una única abstención los dictámenes referidos al anteproyecto de Ley sobre Contratos del Sector Público y al anteproyecto de Ley sobre Procedimientos de Contratación en los sectores del Agua, la Energía, los Transportes y los Servicios Postales, insiste en este problema.
Según explica en una nota de prensa, el CES está "firmemente convencido" de que la corrupción "socava" las instituciones, provoca "desafección ciudadana" respecto a los poderes públicos, y pone en cuestión el Estado de Derecho, evidenciando la falta de madurez política y la baja calidad democrática del país.
Además, desde una perspectiva económica, considera que estas prácticas fraudulentas falsean la competencia, alteran los mercados y provocan un aumento injustificado del coste de provisión de los bienes y servicios públicos.
Por este motivo, comparte la preocupación por garantizar que los procedimientos contractuales se desarrollen con las máximas garantías de transparencia e igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores para evitar el fraude y el favoritismo.
En concreto, el CES cree que sería necesario introducir mucha mayor concreción y regular expresamente el tipo de medidas que los órganos de contratación deben arbitrar para evitar estas situaciones. En particular, considera que la norma debiera establecer de manera "reglada y expresa" los supuestos de prohibiciones para formar parte de los órganos de contratación, de manera que se excluya de participar en el procedimiento a los cargos políticos o empleados públicos que incurran en conflicto de intereses.
Por otro lado, debería establecer la obligación de dar publicidad a las deliberaciones y los informes de los órganos de contratación, omitiendo en todo caso la información de las empresas licitadoras que pueda ser comprometida desde el punto de vista comercial, lo que obligaría a objetivar los criterios de adjudicación.
REFORZAR LAS GARANTÍAS DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS QUE CONTRATAN
Asimismo, apuesta por reforzar las garantías de los empleados públicos que se designen para participar en el órgano de contratación, de manera que puedan desarrollar su trabajo con profesionalidad y ajustándose a derecho, es decir, que puedan sustraerse de eventuales presiones del poder político contrarias a la ley o al interés general, y estén protegidos, asimismo, cuando denuncien prácticas irregulares.
Por otro lado, el CES considera "desacertado" el tratamiento que se da en los textos legales a la manera de garantizar el cumplimiento de las normas sociales, laborales y medioambientales, a pesar de la declaración de intenciones expresada en los propios anteproyectos. A su parecer, la mejora de las condiciones medioambientales, sociales y laborales debe promoverse a través del sistema de contratación pública y quedar garantizada en todas sus fases y cumplirse por todos los licitadores
Igualmente, considera que en los procesos de contratación deberá tenerse en cuenta el posible impacto de este tipo de criterios sobre la capacidad de las pymes a la hora de participar en los procesos de contratación pública.
ACREDITAR LA SOLVENCIA
En las observaciones particulares, los dictámenes del CES hacen hincapié en algunos aspectos como la necesidad de establecer implícitamente que en ningún caso se adjudicarán contratos a ofertas temerarias o se presuman que no se van a ejecutar o la importancia de acreditar la solvencia económica y financiera de los licitadores con parámetros y fuentes documentales.
En el caso del anteproyecto de Ley sobre Procedimientos de contratación en los sectores del Agua, la Energía, los Transportes y los Servicios Postales, el CES considera que, una vez establecidos los criterios que determinan el ámbito subjetivo de aplicación de esta Ley, el listado de empresas incluido en esta disposición resulta totalmente innecesario y podría, con el paso del tiempo, llegar a ser incompleto e incluso erróneo, por lo que se propone su eliminación.
Pese a las recomendaciones, el CES destaca la mejora técnica de ambos anteproyectos y reconoce los avances en la claridad del lenguaje jurídico empleado y en la estructura de la futura norma, que contribuyen a alcanzar el objetivo de evitar la confusión normativa y garantizar la seguridad jurídica.
