MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los presidentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Consejo General de Economistas de España (CGE), Carlos Lesmes y Valentín Pich, respectivamente, han suscrito un acuerdo de colaboración entre ambos organismos para el desarrollo de acciones conjuntas en materia de formación e información en el ámbito jurídico-económico para los colectivos a los que representan, junto a la creación de una comisión mixta de seguimiento.
Pich ha destacado que con este convenio se busca incrementar la cooperación entre los jueces y economistas que intervienen en los litigios de carácter económico- empresarial, con la intención de "posibilitar un mutuo enriquecimiento en el desarrollo de sus funciones que redunden en una mayor agilidad de los procedimientos".
Entre las propuestas de colaboración definidas en el convenio están se encuentran la participación y colaboración de miembros de la carrera judicial en las actividades relacionadas con cuestiones de interés común que organice el Consejo General de Economistas y viceversa.
También figuran la organización y realización conjunta de acciones formativas y de difusión en el ámbito jurídico-económico, y la realización de investigaciones y publicaciones de forma conjunta sobre las actividades que ambos organismos consideren de interés, incluyendo estudios estadísticos en materia jurídico-económica.
Otro de los puntos recogidos en el acuerdo es la difusión entre miembros de la carrera judicial y del Consejo General de Economistas de publicaciones y trabajos que la Comisión de Seguimiento estime de interés para ambos colectivos.
Para la consecución de estas actividades se prevé la creación de una Comisión Mixta de Seguimiento integrada por dos representantes de cada uno de los dos Consejos.
Así, por parte del Consejo General del Poder Judicial integrarán esta comisión un vocal y un letrado designado por la Comisión Permanente de este Consejo y, en el caso del Consejo General de Economistas, formarán parte de la misma dos representantes que designe el órgano estatutariamente competente para ello.
