El Congreso vota las rebajas del PP a la información exigida a las empresas

León del Congreso
EUROPA PRESS - Archivo
Publicado 12/12/2018 13:33:53CET

Los 'populares' aprovecharon su mayoría en el Senado para evitar que las empresas tengan que facilitar datos de remuneraciones y contratos

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Congreso debatirá este jueves en el Pleno los cambios introducidos por el Senado, principalmente el PP, en virtud de la mayoría absoluta de la que goza en esta Cámara, al proyecto de ley sobre información no financiera y diversidad que deben aportar las grandes empresas.

La norma fija el nivel de información que deben rendir todas las empresas con más de 250 empleados, sin excepción, y durante su tramitación en el Congreso había incrementado el grado de detalle sobre estos datos. Así, se exigía información sobre sus remuneraciones, el número de contratos indefinidos y temporales suscritos o cómo pagan sus impuestos.

Sin embargo, el Senado, a través de enmiendas del PP, ha rebajado notablemente este detalle, eliminando exigencias contempladas en la norma en cuestiones laborales, de formación, las acciones de patrocinio y asociación realizadas, las quejas recibidas y la resolución de las mismas, los beneficios obtenidos país por país o los impuestos sobre beneficios pagados.

NO OBLIGA A ESPECIFICAR TIPOS DE CONTRATOS NI REMUNERACIÓN

En cuestiones de ámbito laboral, la información que las empresas deben facilitar en su informe de gestión consolidado se podría limitar al total de empleados y su distribución, según "criterios representativos de la diversidad", mencionando el sexo, la edad y el país.

Quedan excluidos así aspectos como la distribución por modalidades de contratos, el promedio de contratos indefinidos, temporales y a tiempo parcial suscritos, el número de despidos, la brecha salarial, la remuneración media y la de los consejeros y directivos, incluyendo retribución variable, dietas, indemnizaciones o planes de pensión.

Asimismo, también se eliminan de las exigencias el número de horas de absentismo, medidas dirigidas a facilitar la conciliación y "fomentar el ejercicio responsable" por parte de ambos progenitores, la implantación de políticas de desconexión laboral, el número de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales registradas.

SIN INFORMACIÓN SOBRE CONVENIOS COLECTIVOS

Tampoco aparece en la ley que llega del Senado los procedimientos para informar y consultar al personal y negociar con ellos, el porcentaje de empleados cubiertos por convenio colectivo por país, el balance de estos convenios o la cantidad de horas de formación realizadas por categorías por profesionales.

Además, se ha suprimido una autorización que contemplaba la ley dirigida al Gobierno para que pudiera establecer, vía reglamentaria y "respetando los principios" recogidos en la ley, "indicadores clave para cada materia del estado de información no financiera".

MEDIDAS CONTRA LA DISCRIMINACIÓN POR DISCAPACIDAD

Por otro lado, la tramitación en la Cámara Alta ha permitido incluir en las exigencias de información que deberá ser incluida en el estado de información no financiera consolidado, a propuesta de Ciudadanos, aquellas medidas que la empresa haya adoptado dirigidas a la no discriminación e inclusión de personas con discapacidad y la accesibilidad universal.

Este informe, en virtud de otra enmienda registrada por Unidos Podemos, deberá ser presentado como punto separado del orden del día para su aprobación en la Junta General de Accionistas de las sociedades.

A propuesta del PDeCAT y de la Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC) también se establece la publicación de un informe sobre la calidad de la información incluida en los estados de información financiera por parte del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE), que deberá presentar cada año en el Senado.

Asimismo, se establece la obligación de consultar a este organismo por parte del Gobierno para cualquier modificación legal acerca de la responsabilidad social de las empresas, que requerirá de un informe no vinculante por parte del CERSE.