El Congreso votará a mediados de julio los objetivos de estabilidad y déficit de los Presupuestos

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Congreso prevé votar en el Pleno del próximo 14 de julio los objetivos de estabilidad presupuestaria y el reparto del déficit que tienen que asumir las administraciones públicas en el marco de los Presupuestos Generales del Estado de 2027, según indicaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

En caso de que se rechacen ese día, como ya ha ocurrido otras veces en la legislatura, se prevé una segunda votación en un pleno el día 23 de julio. Tanto el Pleno del 14 de julio como el del día 23 serán extraordinarios al realizarse fuera del plazo de sesiones ordinarias del Congreso, que concluye el 30 de junio.

Antes de que los objetivos lleguen al Congreso, el Gobierno presentará el 29 de junio el cuadro macroeconómico que acompañará a los Presupuestos Generales del Estado del 2027, junto con el nuevo paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio.

En una de las dos sesiones extraordinarias del Pleno también se debatirá y votará el decreto ley, que aunque entrará en vigor automáticamente tras su aprobación en Consejo de Ministros tiene que votarse en el Congreso para decidir si se convalida o se deroga.

PRESENTACIÓN ANTE EL CONSEJO FISCAL Y FINANCIERO

Una vez presentado el cuadro macro y aclaradas las medidas que se desplegarán después del 30 de junio, el siguiente paso de la tramitación presupuestaria será la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para informar a las comunidades autónomas de los objetivos de estabilidad presupuestaria y el reparto del déficit que tienen que asumir las administraciones públicas.

El Gobierno ya ha intentado esta legislatura aprobar los objetivos de estabilidad de anteriores ejercicios presupuestarios, pero ha fracasado varias veces, la última en diciembre de 2025 cuando el Ejecutivo pretendía tramitar los Presupuestos de 2026.

El fracaso de los objetivos en las Cortes Generales no implica que el Gobierno no prosiga con la presentación de los Presupuestos, pues consiguió el respaldo de la Abogacía del Estado para presentar otra base de reparto de déficit que no tiene que someterse al control parlamentario, en concreto el plan fiscal estructural a medio plazo remitido a la Comisión Europea.