MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea estudia si abrir o no un proceso sancionador a las comunidades autónomas que mantengan en su normativa el impuesto de grandes superficies, lo que traería "dificultades financieras gravísimas" para el pequeño comercio de Cataluña, Asturias y Aragón, ha afirmado el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, este lunes en el Foro Cinco Días.
Una sanción de la Comisión, que declaró este impuesto contrario a la normativa de la UE, supondría el establecimiento de un impuesto de carácter retroactivo, que en el caso de Cataluña se extiende 14 años atrás y que afectaría a todos los comercios por igual, ante lo que el secretario de Estado ha advertido que se encuentran en "los minutos de descuento".
Tras la decisión de la CE, que otorgó un plazo para que las comunidades rectificasen antes del 31 de marzo, La Rioja y Navarra han manifestado su voluntad de retirarlo. Por su parte, Canarias ha alegado que este impuesto nunca llegó a aplicarse en la región y ha manifestado su intención de eliminarlo para los próximos presupuestos.
Sin embargo, Cataluña insiste en mantener el umbral de aplicación de este impuesto en los 2.500 metros cuadrados. En esta línea, Asturias ha decidido modificarlo por debajo de los 4.000 metros actuales. Por su parte, Aragón no ha comunicado que vaya a realizar ningún cambio, ha señalado García-Legaz.
POLÍTICAS LIBERALIZADORAS.
En un recorrido por los cambios políticos que han permitido el establecimiento de un modelo de crecimiento económico sostenible, García-Legaz ha destacado la Ley 12/12 de eliminación de licencias municipales, que se ha traducido en el incremento del número de establecimientos y en un "nicho de creación de empleo". Así, en 2014 se abrieron 99.968 locales nuevos, según los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
La norma, que en un principio se extendía hasta establecimientos de 300 metros cuadrados, se amplió en 2013 hasta aquellos que alcanzaran los 750 metros. En este sentido, García-Legaz ha hecho referencia a algunas comunidades en las que se aplica esta normativa, como el caso de Madrid, lo que posibilita que el ayuntamiento no tenga potestad para decidir qué proyectos se ejecutan o no, como en el caso del Centro Comercial Plaza Norte.
En esta línea, el secretario de Estado ha asegurado que le ha traslado "su preocupación y la de diversos inversores" a la alcaldesa de la ciudad, Manuela Carmena, ante la intención de su partido de paralizar algunos proyectos, aunque confía en que "ninguno de ellos se quede por el camino" y prime "la responsabilidad política por encima de ciertas ideologías".
En este contexto, se ha eliminado la necesidad de exigir una licencia para la apertura de una gran superficie, salvo que existan determinadas circunstancias. Así, se imposibilita que una autoridad pública pueda decidir si un establecimiento se abre o no, con lo que se eliminarán "arbitrariedades que hasta ahora se estaban produciendo".
En este sentido, se podrán exigir licencias en aquellos casos en los que la apertura atente contra la sostenibilidad medioambiental del entorno, contra el plan de ordenación o contra el patrimonio histórico, ha explicado García-Legaz.
Asimismo, el secretario de Estado ha hecho referencia a la liberalización de horarios comerciales y de las rebajas, con lo que se ha incrementado el número de festivos hasta los 9 días y el número de horas de apertura hasta las 90 semanales. Además, se han liberalizado los horarios comerciales de todos los comercios de menos de 300 metros cuadrados.
