Las aerolíneas deberán publicar los precios finales de los vuelos y los compradores no tendrán que suscribir la hipoteca del vendedor
MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados aprobó hoy con competencia legislativa y remitió al Senado el proyecto de Ley de mejora de protección de los consumidores y usuarios que prohíbe los redondeos en aparcamientos y telefonía, facilita las bajas de los servicios, obliga a las compañías aéreas a informar del precio final del billete y permite que el comprador de una vivienda no tenga que suscribir la misma hipoteca que tenía que el vendedor.
De esta forma, la Ley pretende acabar con cláusulas abusivas para el consumidor y los obstáculos que existen a la hora de poner fin a un contrato. La Ley señala que "el consumidor podrá ejercer su derecho a poner fin al contrato en la misma forma en que lo celebró".
Así, cuando un usuario quiera darse de baja de un servicio tendrá "las mismas" condiciones que cuando se dio de alta, "sin ningún tipo de sanción o de cargas onerosas o desproporcionadas, tales como la pérdida de las cantidades abonadas por adelantado, el abono de cantidades por servicios no prestados efectivamente, la ejecución unilateral de las cláusulas penales que se hubieran fijado contractualmente o la fijación de indemnizaciones que no se correspondan con los daños efectivamente causados".
Los aparcamientos deberán por su parte cobrar "el precio determinado en función del tiempo real de prestación del servicio", es decir, "el precio se pactará por minuto de estacionamiento, sin posibilidad de redondeos a unidades de tiempo no efectivamente consumidas o utilizadas", según establece el proyecto de Ley. Así, el aparcamiento deberá entregar al usuario un justificante con expresión de día, hora y minuto de entrada, y en caso de que el conductor deje las llaves también deberá recoge el resguardo la identificación del vehículo con la matrícula o cualquier marcador.
De acuerdo a una enmienda transaccional de CiU y el PSOE se ha establecido que las empresas de aparcamiento tengan un periodo de adaptación de cinco meses, salvo las de aparcamiento que operen en régimen de concesión administrativa y los aparcamientos dependientes o accesorios de otras instalaciones, que tendrán ocho meses para adaptarse a la ley, una vez entre en vigor.
TELEFONÍA
La Ley quiere dar "mayor claridad" en las modalidades de cálculo del precio de los contratos, "evitando la facturación de servicios no prestado efectivamente". De esta forma, en servicios como la telefonía, la ley establece que la factura del móvil sea computada por segundos.
Respecto a las compañías aéreas y servicios similares, el proyecto de Ley obliga a que se informe del "precio completo, incluidos impuestos, o presupuesto, en su caso". Así, en toda información al consumidor sobre el precio de los bienes y servicios, incluida la publicidad, se informará del precio final completo, desglosando, en su caso, el importe de los incrementos o descuentos que sean de aplicación, de los gastos que se repercutan al consumidor y usuario y de los gastos adicionales por servicios accesorios, financiación u otras condiciones de pago similares.
La oferta, promoción y publicidad falsa o engañosa de productos, actividades y servicios será perseguida y sancionada como fraude, según la norma.
VIVIENDA
En cuanto a la vivienda, el proyecto de Ley prohíbe que se trasladen los gastos que corresponden al vendedor como los impuestos en los que el sujeto pasivo es el vendedor o los gastos de conexiones a los suministros generales de la vivienda tales como el enganche del suministro de agua o el alcantarillado. También se prohíbe que la penalización al comprador en caso de que éste no subrogue la hipoteca que tenía el vendedor, y se establece así la libertad para elegir préstamos hipotecario.
Respecto al servicio de información y atención al cliente, el proyecto de Ley obligará a que haya "una atención personal directa, más allá de la posibilidad de utilizar complementariamente otros medios técnicos a su alcance".
Asimismo, la nueva norma establece que la información precontractual obligatoria se facilite al consumidor de forma gratuita, sin costes adicionales.
RECHAZADO FONDO FORUM-AFINSA
Por otra parte, al Comisión votó en contra de una enmienda del PP que pedía un Fondo de Garantías de bienes tangibles como organismo autónomo dependiente de la Dirección General de Consumo del Ministerio de Sanidad y Consumo. El PP quería que tres meses después de la entrada en vigor de la Ley, el Gobierno regulara este fondo, "estableciendo su régimen orgánico, las aportaciones para su financiación y los derechos de los depositantes".
Finalmente, la norma regula el derecho de asociación y la regulación para las asociaciones de consumidores, conforme a la actual distribución de competencias del Estado y las comunidades autónomas.
La portavoz socialista en la Comisión de Sanidad y Consumo, Isabel Pozuelo, señaló que el proyecto de Ley de reforma de la norma de 1984 es "un paso adelante en la clarificación y transparencia, y mejora de forma sensible la protección de los ciudadanos".
Por su parte, María Ángeles Font, del PP, criticó la Ley porque "no representa un avance normativo y sí un refrito de sentencias, y ha sido una pérdida de tiempo", ya que no incluye "actividades de los consumidores a través de Internet, redondeos en los créditos hipotecarios o seguros de automóviles".
El diputado de CiU Jordi Xuclá destacó por su parte que se ha incorporado la obligación de ofrecer una atención personalizada a los consumidores en los servicios telefónicos de información, y se mostró satisfecho porque el texto legislativo es "muy respetuoso con las competencias autonómicas".
La portavoz de IU-IC-Verds en la Comisión de Sanidad y Consumo, Carmen García, apuntó que con el redondeo al alza en la telefonía móvil las compañías recibieron en 2004 unos ingresos extra de 1.385 millones de euros.
