MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -
Las Cortes exigen al Gobierno que siga el modelo de las entidades de capital-riesgo a la hora de valorar aquellos proyecto empresariales que financia a través de Sepi Desarrollo Empresarial (Sepides), la sociedad mercantil perteneciente la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi).
Esta es una de las resoluciones, a las que tuvo acceso Europa Press, que la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas han presentado al informe de fiscalización sobre la actividad de Sepides.
En dicho informe, el Tribunal denuncia que el Estado no realiza un seguimiento adecuado de la evolución y rentabilidad de los proyectos empresariales en los que invierte a través de Sepides y exige que refuerce las medidas para anticipar su actuación y "prevenir los riesgos" ante los posibles casos de fraude.
El máximo órgano fiscalizador explica Sepides pasó de registrar beneficios de 113.000 euros y 470.000 euros en 2003 y 2004, a anotarse unas pérdidas de 1,3 millones de euros en 2005.
Esto fue debido a unas pérdidas extraordinarias de 3,9 millones como consecuencia del importante aumento de las provisiones por depreciación de las participaciones, que alcanzaron los 4,25 millones de euros, cifra que suponen multiplicar por doce los 336.000 euros anotados un año antes.
UN 85% DE LOS PROYECTOS, RECHAZADOS
Entre 2003 y 2005, la sociedad estudió un total de 260 proyectos de inversión, de los que sólo aprobó 38, entre los que se repartió un total de 96,2 millones de euros. Asimismo, el Tribunal explica que los 222 proyectos restantes se rechazaron, en su mayoría por falta de información sobre la viabilidad y solvencia del proyecto.
Por este motivo, las Cortes asumen la idea del Tribunal de que la sociedad siga el modelo de las entidades de capital-riesgo a la hora de realizar el cálculo de las correcciones valorativas aplicables a las empresas en las que participa, dado que su actividad se encuadrada en este sector, y a pesar de que no está sometida a la normativa aplicable al mismo.
EXIGIR EL COMPROMISO DE LOS PROMOTORES
Así, el Congreso y el Senado reclaman a Sepides que incremente el seguimiento de las empresas, ya que actualmente los controles se hacen con periodicidad anual, así como establecer un sistema de avisos y penalizaciones para aquellas de sus sociedades participadas que incumplan las obligaciones de remisión de información.
En este sentido, pide que se desarrollen los mecanismos adecuados para obligar a los promotores de los proyectos a comprometerse a llevarlos adelante de acuerdo con los estudios de viabilidad elaborado por Sepides o, al menos, con el plan de negocio presentado al solicitar la financiación.
Por último, insta al Gobierno a evalúe el "grado de cumplimiento" de los objetivos "en función de los medios de que dispone y la actividad que desarrolla", así como que estudie la oportunidad de su fusión otras dos firmas de Sepi, Infoinvest e Ingruinsa, dentro del proceso de ajuste y reordenación del sector público español.
