MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, ha advertido de que el proyecto de ley para modificar la Ley Concursal fija un "recorte inadmisible e injustificado" en las indemnizaciones que paga el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), por lo que ha denunciado que empeora las condiciones de los trabajadores de una empresa en concurso de acreedores.
"Es profundamente injusto que los empleados de una empresa en concurso tengan peor condición que los trabajadores de una empresa también insolvente pero no en situación concursal, en la que el Fogasa paga las cantidades a indemnizar sin recortes", explicó Ferrer durante su comparecencia en la Comisión de Justicia en la Cámara Baja.
El 'número dos' de UGT se refería en concreto a la modificación que el proyecto de ley pretende introducir en el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores, en el que se determina que la indemnización a abonar a cargo del Fogasa "se reducirá en las cantidades que, por cualquier concepto derivado del acuerdo de extinción, hubiera sido percibida por los trabajadores".
Pero Ferrer no sólo rechazó este "recorte injustificado", sino que además avisó de que esta modificación podría alargar las negociaciones en el ERE de concurso, pues en algunos casos implica indemnizaciones mayores a cambio de agilizar el proceso y acelerar la resolución del despido colectivo.
REPRESENTANTES EN CONCURSOS.
En una intervención bastante crítica con el proyecto de la Ley Concursal, en la que cuestionaba su eficacia para salvar la viabilidad de las empresas, el secretario de Acción de UGT reclamó la posibilidad de que los trabajadores puedan solicitar indemnización de otras empresas del mismo grupo, en busca del empresario "real".
Ferrer también reivindicó la legitimación de los sindicatos para intervenir en el concurso, al proponer que las empresas de "al menos" cien o más trabajadores puedan contar con un representante sindical en la administración judicial. Estas son algunas de las propuestas que los sindicatos han remitido al Ministerio de Justicia para modificar la Ley Concursal.
