LISBOA, 19 Feb. (De la corresponsal de EUROPA PRESS, Patricia Ferro) -
El gobierno portugués no está de acuerdo con la posición de la Comisión Europea, que quiere terminar con los derechos especiales que el Estado tiene en la petrolera Galp, y por ello se defenderá ante el Tribunal de Justicia europeo, ante el que la Comisión presentó hoy una queja.
Una fuente oficial del Ministerio de Finanzas explicó que el Gobierno "respeta la posición de la Comisión, aunque discrepamos, atendiendo a los argumentos presentados. Y lo hicimos en respuesta al parecer fundamentado de la CE en la fase pre-contenciosa y ahora volveremos a hacerlo en la contenciosa", matizó.
Los derechos especiales que el Estado tiene en Galp ya fueron motivo de diversos avisos por parte de Bruselas, que ahora ha decidido actuar, argumentando que la capacidad de intervención del Estado en la gestión de la empresa, que es posible gracias a esos derechos especiales, constituye un impedimento a la libre circulación de capitales y tiende a tener efectos discriminatorios, en la medida que "desanima inversiones de otros Estado miembros" en la petrolera.
La estatal CGD controla un 1% del capital de Galp, pero tiene derechos especiales en la petrolera, gracias a un acuerdo parasocial firmado con el resto de los accionistas, como Amorín Energía y los italianos de Eni.
