MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -
Izquierda Unida quiere defender ante el Pleno del Congreso una proposición no de ley con la que pretende instar al Gobierno a "abaratar" el servicio público que prestan a los ciudadanos los registros de la propiedad y mercantiles, de forma que sean gratuitos en algunos supuestos, así como a regular el sistema retributivo de los registradores y lanzar una serie de investigaciones sobre "distintas irregularidades".
La iniciativa, recogida por Europa Press, reclama que se revisen, actualicen y ajusten los aranceles que perciben los registros "a fin de adaptarse a lo que marca la Ley de Tasas y Precios Públicos", que impone el "principio de no lucratividad de los aranceles de los funcionarios públicos".
El objetivo es que exista una "exacta equivalencia" entre los ingresos percibidos por tales aranceles y los gastos de conservación y mantenimiento de las infraestructuras, los costes de personal y la retribución del titular registrador.
En este sentido, reclama al Gobierno "que cese la comercialización de datos del Estado" a través de la web del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España (CORPME), para que sean gratuitos cuando los solicite cualquier funcionario, administración o autoridad competente, así como el "titular registral" sobre el que versan los datos.
Esta iniciativa es "la más completa presentada nunca en la Cámara por un grupo parlamentario", según IU, supondría un "cambio radical" en el funcionamiento de los registros en beneficio de los ciudadanos, ya que frente a lo que ocurre en la Unión Europea, en España los registradores de la propiedad cobran directamente a los usuarios por ejercer una función pública que se reparte mediante exclusivas territoriales.
"Al no existir competencia, el ciudadano está cautivo y el colectivo registral se comporta, a través del Colegio Oficial oportuno, como un lobby destinado a defender un estatus privilegiado", denuncia la formación liderada por Cayo Lara, que denuncia este "privilegio no justificado" respecto al resto de funcionarios públicos.
QUE SE INVESTIGUE LA COMPRA DE LA SEDE EN MADRID
Además, plantea que el Estado solicite a los registradores la remisión de las facturas giradas por las notas de información registral por Internet, controlando el cobro de cantidades superiores a las fijadas por Real Decreto y requiriendo el cese del cobro o, en su caso, la devolución de las cantidades indebidamente ingresadas.
Por último, insta al Gobierno a que investigue diversas asuntos relacionados con este colectivo, como la legalidad de la ampliación de capital de la sociedad IICRE, así como la de la adquisición de la sede de los Registros de Madrid en la Calle Alcalá 540, o "la intervención del Grupo Carlyle".
