MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -
El grupo parlamentario comparten IU, ERC e ICV y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) en el Congreso han presentado más de un centenar de enmiendas para corregir el proyecto de ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva de Servicios aprobada por el Parlamento Europeo en 2006, conocida como 'Directiva Bolkenstein'.
Izquierda Unida y el BNG, que ya pidieron la devolución al Gobierno de esta iniciativa por considerar que abre la vía para una "reducción de los estándares" de protección de derechos sociales y laborales, y también ERC han aprovechado sus enmiendas parciales, a las que tuvo acceso Europa Press, para reducir el ámbito de aplicación de la directiva europea.
La formación que lidera Cayo Lara sostiene que el proyecto de Ley aprobado por el Gobierno a finales de marzo no reproduce exactamente lo dispuesto en la norma comunitaria, sino que plantea una "adaptación con menos restricciones" a los principios básicos de la directiva y, por eso apuesta en sus enmiendas por ampliar la lista de servicios reconocidos como de interés general a los que la norma comunitaria todavía no se aplica
En este contexto, quieren dejar claro que la ley no se aplicará "a requisitos tales como normas de tráfico rodado, normas relativas a la ordenación del territorio, urbanismo y ordenación rural o normas de construcción". Tampoco "a las sanciones administrativas impuestas por no cumplir dichas normas, que no regulan específicamente o no afectan concretamente a la actividad del servicio, pero que tienen que ser respetadas por los prestadores en el ejercicio de su actividad económica al igual que por los particulares en su capacidad privada".
DEJAR FUERA A LA SANIDAD, PÚBLICA O PRIVADA
Además, tanto IU-ICV como ERC y el BNG han registrado sendas enmiendas para que la ley especifique con mayor claridad que no afectará a los servicios sanitarios, incluidos los servicios farmacéuticos, "realizados o no en establecimientos sanitarios" e "independientemente de su carácter público o privado, prestados por los profesionales de la salud a sus pacientes, con objeto de evaluar, mantener o restaurar su estado de salud, cuando estas actividades están reservadas a profesiones sanitarias reguladas".
De la misma manera, estas cuatro formaciones coinciden en la necesidad de que el proyecto de ley concrete aún más lo que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas determina como 'razón imperiosa de interés general'. Cada formación propone ampliar la lista de ejemplos que ya se incluye en el proyecto del Gobierno, en aras de no dejar resquicios para la confusión.
En sus enmiendas, los nacionalistas gallegos también limitan la aplicación de la norma a asuntos muy concretos como las medidas para fomentar la diversidad cultural y lingüística y garantizar la defensa del pluralismo en los medios de comunicación, la normativa en materia de Derecho Penal o Laboral.
Con la tramitación de este proyecto de ley el Congreso inicia la trasposición de la directiva de servicios de la UE que se completará cuando las Cortes empiecen a estudiar el proyecto de ley que aprobó el pasado viernes el Consejo de Ministros, conocido como 'ley ómnibus' y que modifica 47 normas españolas.
