El presidente del Tribunal de Cuentas presenta a las Cortes el informe sobre contratación entre 1999-2003, avalando deficiencias
MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -
El PSOE reiteró hoy en el Congreso su convicción de que hubo "graves irregularidades" en materia de contrataciones públicas durante los cinco último años del Gobierno Aznar, lamentó que esos errores se estén convirtiendo en "una costumbre" y avisó de que genera alarma social. El PP, por su parte, restó crédito a esta versión y defendió que las "incidencias" registradas son concretas y muy limitadas en relación con el volumen total de la contratación, por lo que no deberían contemplarse de modo general.
El debate entre los dos partidos mayoritarios se suscitó a cuenta de los informes del Tribunal de Cuentas sobre las contrataciones celebradas entre 1999 y 2003, que fueron presentados este mediodía antes las Cortes por el presidente del órgano fiscalizador, Ubaldo Nieto, quien incidió en las deficiencias, que se han ido reiterando año tras año sin subsanarse.
TRÁMITE DE URGENCIA INJUSTIFICADO
En este sentido, destacó "la falta de justificación", por parte de la administración del Gobierno Aznar, del recurso a la tramitación de emergencia en algunas contrataciones. En palabras del presidente del organismo fiscalizador, tampoco se han remitido, en ocasiones, "pliegos de cláusulas administrativas particulares, aunque se hayan requerido de forma expresa por el Tribunal". Añadió que, si se han remitido, ha sido a través de carencias formales y de contenido.
Ubaldo Nieto afirmó también que se incorporaron en el proceso de selección elementos de valoración subjetivos y discrecionales "con relativa frecuencia" y se omitió, "en ocasiones" la justificación en el expediente de la elección del procedimiento utilizado, "incumpliendo la ley".
Según relató, existen "fraccionamientos injustificados en algunos contratos", lo que ha podido eludir limitaciones presupuestarias y determinadas autorizaciones y la publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Además, recalcó retrasos en el inicio y ejecución de contratos de obras, así como en concesiones de prórrogas suspensiones o reajustes de anualidades, y se ha constatado el incumplimiento, también en ocasiones, de plazos de ejecución imputable a los contratistas, sin la imposición de penalizaciones como prevé la ley.
PROBLEMAS DE EJECUCIÓN EN OBRAS PÚBLICAS
A su juicio, son circunstancias que suponen retrasos en la entrega de la obra al uso público, con el consiguiente prejuicio para el interés general. Los problemas surgidos en la ejecución de varios contratos de obras demostraron que algunas actuaciones preparatorias se realizaron "sin el rigor ni la precisión exigibles".
Respecto a entidades no sujetas a la ley de Contratos, destacó la restrictiva aplicación de los principios de publicidad y concurrencia y en determinados momentos, falta de formalización de los contratos.
En este contexto, dejó claras las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, que ve la necesidad de que se adopten medidas para que se le remitan la relación anual de contratos celebrados y la correspondiente documentación. Además, recomienda que se potencie el rigor en las fases preparatorias y en la elección de la forma de adjudicación, y que se evite la utilización injustificada del procedimiento negociado.
El Tribunal también recomienda incrementar el seguimiento, por los órganos de contratación, de la ejecución de los contratos, exigiendo el cumplimiento de los plazos, aplicando las penalizaciones previstas y evitando modificaciones contractuales.
Ante las exposiciones de Nieto, los socialistas recalcaron la importancia de estas irregularidades a las que calificaron una vez más de "graves" y susceptibles de "alarma social". Además, el senador del PSOE Luis Salvador lamentó que se trate de una serie de errores que se reiteran y que se estén "empezando a adormecer las conciencias" en este sentido.
Por contra, la portavoz del PP y ex secretaria de Estado de Presupuestos, Elvira Rodríguez, defendió que las "infracciones" denunciadas por el Tribunal de Cuentas son "concretas y pocas" en relación al número de contratos, y que deberían recogerse en un "único apartado y no de modo general".
COMARCAS MINERAS
Por otro lado, la comisión mixta aprobó por unanimidad una propuesta de resolución elaborada entre el PSOE y el PP, sobre el informe de fiscalización de las subvenciones a los proyectos generadores de empleo que promueven el desarrollo alternativo de las comarcas mineras del ejercicio 1998-2000.
En dicha iniciativa, se insta al Gobierno a continuar la labor de desarrollo de las bases reguladoras de estas subvenciones a través de unos criterios transparentes para el solicitante, en los que se profundizará para verificar la pertenencia o no del sector servicios o de actividades no susceptibles de ayuda.
La propuesta sigue considerando las subvenciones como gastos plurianuales tramitados anticipadamente, y flexibiliza la gestión y concesión de las ayudas según los programas del Ministerio de Industria. Contempla establecer criterios que determinen la cuantía de las ayudas y que el Plan del Carbón para el periodo 2006-2012, elabore bases para apoyar proyectos empresariales con las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, los criterios del propio plan y la normativa vigente.
