Reclama la "máxima información" acerca de los "ajustes" a las cuentas públicas y lamenta la "escasa incidencia" de sus recomendaciones
MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal de Cuentas considera que la ejecución presupuestaria presenta deficiencias "que se repiten año tras año", lo que provoca un desplazamiento temporal de los gastos e ingresos que, en la mayoría de los casos, no se pueden achacar a operaciones imputables a los últimos meses de un ejercicio que pasen al siguiente, y que alcanzan un importe de 2.096 millones de euros en gastos y 94 en ingresos.
Esta es una de las conclusiones de la Declaración sobre la Cuenta General del Estado de 2005, primer ejercicio económico del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que fue presentada hoy por el presidente del organismo fiscalizador, Manuel Núñez Pérez, ante la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal.
En su intervención, Núñez incidió en la "falta de rigor en la presupuestación y en su seguimiento" en la cuenta general, que registran "importantes modificaciones". En este sentido, señaló que el resultado presupuestario anual debería disminuirse en 449 millones de euros, a 8.730 millones, como consecuencia de las deficiencias apuntadas por el Tribunal.
Como conclusión de este seguimiento, el Tribunal estima que, con independencia del cumplimiento del objetivo de estabilidad fijado, han de intensificarse los esfuerzos para alcanzar "una mayor aproximación entre los criterios aplicados en la contabilidad pública y en la contabilidad nacional" y para disponer de la "máxima información" sobre los ajustes que se realicen sobre las cifras.
El Tribunal constata que el resultado del ejercicio en términos de contabilidad nacional arrojó un superávit de 13.939 millones de euros, lo que representa un 1,5 % del PIB, "con una desviación positiva respecto al objetivo fijado del 1,3 % del PIB".
Esta cifra fue consecuencia de la agregación del superávit de 4.102 millones de euros presentado por la Administración General del Estado, organismos autónomos y demás entes públicos, y el superávit de 9.837 millones alcanzado por las entidades del Sistema de la Seguridad Social.
FALTA DE REPRESENTATIVIDAD DE LAS CIFRAS.
El total del endeudamiento de la Administración del Estado al cierre del año alcanzó la suma de 344.655 millones de euros, un 0,20% menos respecto del saldo del ejercicio anterior. No obstante, el Tribunal destaca que el Gobierno sigue sin remitirle los importes de la deuda contraída por el Grupo Barcelona Holding Olímpico (HOLSA) y Navantia, lo que "afecta a la representatividad" de las cifras.
La Cuenta General del Estado, elaborada por la Intervención General del Estado (IGAE), está formada por los documentos relativos a la cuenta general del sector público administrativo, la cuenta general del sector público empresarial y la cuenta general del sector público fundacional.
En la Cuenta General del sector público empresarial del ejercicio 2005 se utilizó por primera vez, para elaborar los estados financieros agregados, la información contable contenida en las cuentas consolidadas de los grupos que están obligados a presentarlas.
LEJOS DEL OBJETIVO DE CONSOLIDACIÓN.
El Tribunal denuncia que frente al objetivo de conseguir una Cuenta General del Estado consolidada a partir del 2005, los estados contables que conforman cada una de las partidas incluidas son un "mera agregación" de las cuentas individuales y aunque se ha corregido "en gran parte" las deficiencias de información, el Tribunal sigue considerando su contenido "insuficiente"
Así, denuncia que el 70% de las entidades de las entidades de los sectores administrativo y empresarial se han rendido fuera del plazo legal establecido, junto al 25% del sector fundacional, una permisividad que, a juicio de Núñez, no está justificada.
El Tribunal también sigue observando "retrasos e incumplimientos", así como "falta de homogeneidad" en la elaboración de los estados contables de las distintas entidades incluidas en el informe. Así, sólo han presentado cuentas consolidadas el 81% de los grupos obligados, aunque este porcentaje es un claro avance frente al 54% del ejercicio 2004.
En este sentido, señala que "no se han producido avances" en la elaboración de inventarios "adecuadamente elaborados y actualizados" para una parte importante de bienes que integran el inmovilizado no financiero de la Administración General del Estado.
DE DIPUTADO DEL PP A PRESIDENTE DEL TRIBUNAL.
La presentación de la Cuenta General del Estado de 2005 supuso el estreno parlamentario de Manuel Núñez como presidente del Tribunal de Cuentas, aunque conocía perfectamente el Congreso pues fue diputado por León durante ocho legislaturas.
En sus primeras palabras quiso expresar su decepción por el hecho de que las recomendaciones que el Tribunal de Cuentas ha venido incluyendo en sus 800 informes sobre el sector público no han tenido suficiente seguimiento efectivo, salvo excepciones como las relativas a la Ley de Financiación de Partidos Políticos, la Ley de Subvenciones, o la Cuenta General del Estado.
"La experiencia confirma que el seguimiento de nuestras propuestas pudiera y debiera intensificarse significativamente, lo que redundaría de forma inmediata y directa en una potenciación de la eficacia del ejercicio de control", aseveró.
