MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
El PP no incluirá entre sus enmiendas parciales a los Presupuestos Generales del Estado para 2009 la creación del fondo de compensación por valor de 1.000 millones de euros que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, exigieron ayer para cada de sus regiones ante el aumento de población experimentado en ambas.
Así lo aseguraron fuentes 'populares', que incidieron en que esta reivindicación se vincula a la reforma de la financiación autonómica, a pesar de que se justifique en la dotación consignada en los Presupuestos para Madrid y Valencia en los dos últimos ejercicio.
Esperanza Aguirre expuso ayer que el nuevo modelo de financiación autonómica no contempla el incremento poblacional que han experimentado regiones como Madrid y Valencia, que en los últimos años han crecido en un millón de habitantes, lo que ha provocado que los gobiernos autonómicos tengan que poner 1.000 millones de euros anuales para financiar los servicios públicos.
Por ello, exigió al vicepresidente económico, Pedro Solbes, que antes del 1 de enero de 2009 cambie el sistema de financiación pero que, entretanto, apruebe un fondo de compensación de la población que permita paliar esta situación.
PRESUPESTOS HUMILLANTES.
Para Aguirre, los PGE para 2009 son "humillantes" para madrileños y valencianos. "Creemos que en estos presupuestos se consagra el maltrato y la asfixia a la Comunidad de Madrid", indicó, al tiempo que apuntó que el hecho de que no se haya querido reconocer en el modelo de financiación el incremento poblacional y el que se haya "arreglado" este asunto en otras comunidades autónomas "por distintos caminos, consagra una injusticia flagrante".
Por su parte, Camps indicó que tanto la Comunitat como Madrid se han unido para "exigir la palabra dada" del Gobierno, al tiempo que para que el nuevo modelo de financiación "reconozca" el crecimiento de población, y sobre todo, para "denunciar" la paralización del debate sobre el modelo de financiación que otorga "de forma arbitraria" la financiación de políticas de bienestar social a comunidades "amigas" del Gobierno, que niega dar el mismo criterio de corresponsabilidad de financiación e inversión a otras como Valencia y Madrid.
