MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
El PP quiere que el Ministerio de Industria elija un responsable de los contratos de publicidad y comunicación institucional que supervise su ejecución, para evitar irregularidades como las detectadas por el Tribunal de Cuentas en su último informe sobre este tipo de contrataciones.
Los 'populares' incluyen esta medida en sus propuestas de resolución al 'Informe de fiscalización sobre contratos de publicidad y comunicación institucional suscritos por departamentos ministeriales y organismos del área de la administración económica del Estado', iniciativas que este martes se debatirán en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
Según los planteamientos del PP, que recoge Europa Press, sería necesario que el departamento que dirige José Manuel Soria designara un "responsable de contrato" que supervise la ejecución de las acciones de publicidad y comunicación para "asegurar la correcta realización de la prestación pactada y su facturación".
Igualmente, el partido que da sustento al Gobierno pide que se tomen medidas para "asegurar una justificada utilización de las encomiendas de gestión, la capacidad y solvencia de la entidad encomendataria y la correcta ejecución, recepción y pago de la actuación encomendada".
ABUSO DE LA ENCOMIENDA
Y es que en su informe, el organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda critica la "planificación poco rigurosa" de la publicidad institucional dada la existencia de "numerosas campañas sobrevenidas", y en particular reprocha a Industria la existencia de facturas anteriores a la entrada en vigor del correspondiente contrato, pagos por actividades complementarias no aprobadas o por comisiones de agenda indebidamente facturas, o falta de justificación para las tarifas de algunos medios.
Además, reprocha que algunas encomiendas suponían subcontratar hasta el 94% del proyecto, lo que "desvirtúa" el contrato, "aleja" el control y "encarece" el precio. Por eso, el Tribunal recomienda al Ministerio que designe un responsable que supervise la ejecución de los contratos de publicidad institucional y tome las decisiones necesarias, y que "procure" que la entidad que reciba encomiendas de gestión sea "idónea para ejecutar por sí misma" el objetivo del contrato. Una propuesta que ahora hace suya el PP.
USO DE LAS ENCOMIENDAS DE GESTIÓN
En la misma línea, el PSOE aprovecha sus propuestas de resolución para exigir que todas las campañas de publicidad y comunicación institucional lleven asociadas estudios previos y posteriores para evaluar el cumplimiento de los principios de eficacia, austeridad y eficiencia, reclamación que también comparten la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y CiU.
Los socialistas piden asimismo "limitar las encomiendas de gestión a los casos tasados", crear un "órgano supervisor independiente para la evaluación y control" de todos los contratos de publicidad y comunicación, y pedir al Tribunal de Cuentas una moción sobre la utilización de este método de contratación.
Por su parte, la coalición de izquierdas quiere que todas las campañas de publicidad tengan que acreditar las razones de interés público que las justifican, mientras que los nacionalistas catalanes reclaman a Industria que "solvente las incidencias" detectadas por el órgano fiscalizador y que justifique las tarifas aplicadas por algunos medios" a sus contratos.
Según el Tribunal de Cuentas, el gasto en publicidad y comunicación institucional del Estado se redujo un 75,5% entre los años 2010 y 2012, pasando de 80,83 millones de euros repartidos en 86 contratos en el primer año fiscalizado a 19,8 millones en 45 campañas durante el primer ejercicio de Gobierno de Mariano Rajoy.
