Economía.- PSOE, IU-ICV y UPyD se unen en el Congreso para pedir que el macrodecreto lo tramite la Comisión Constitucional
MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -
El PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y UPyD se han aliado para intentar que la Mesa del Congreso reconsidere la decisión que adoptó este martes respecto a la tramitación del 'macrodecreto' de medidas económicas, en aras a que su aprobación tenga lugar en la Comisión Constitucional y no en la de Economía, como está previsto, y para que, antes de su debate, todas las comisiones sectoriales afectadas le informen sobre los temas que les atañen.
En el escrito que estos tres grupos han dirigido al órgano de gobierno de la Cámara, al que ha tenido acceso Europa Press, los grupos parlamentarios apelan al artículo 43.1 del Reglamento de la Cámara Baja, que obliga a que las comisiones conozcan los proyectos sobre asuntos de sus competencias. En este caso, eso implicaría hasta ocho comisiones: Empleo, Hacienda, Economía, Fomento, Industria, Educación, Justicia y Defensa.
Y precisamente por ese "carácter transversal" y "heterogéneo" de los asuntos modificados, PSOE, IU-ICV y UPyD consideran que el proyecto de ley procedente del decreto de Medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia debe ser tramitado ante la Comisión Constitucional, ya que "atribuir su conocimiento a cualquiera de las comisiones sectoriales correspondientes a uno (de los departamentos ministeriales) carecería de justificación".
LO DEFENDIÓ LA VICEPRESIDENTA
Es más, los grupos proponentes recuerdan que entre las funciones del Ministerio de la Presidencia --cuyos asuntos se tramitan ante la Comisión Constitucional-- se cuenta "prepara, desarrollar y seguir el programa legislativo, apoyar al Gobierno en sus relaciones con las Cortes y coordinar" a los ministerios.
Y ese carácter de coordinador en este decreto se puso de manifiesto ya en el propio debate de convalidación, donde fue la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, la que defendió la norma. Esto, y que sea el Ministerio de Presidencia el primero de los departamentos gubernamentales que firmó la elevación del decreto al Consejo de Ministros, son otros dos criterios que los grupos de la oposición esgrimen para justificar que sea la Comisión Constitucional la que se encargue de la tramitación.
Y aún hay un cuarto argumento: El que este decreto desarrolla, tal y como dijo la propia Sáenz de Santamaría, el Plan para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia, cuya competencia se atribuyó a la Presidencia del Gobierno en el momento de su aprobación.
RECONSIDERAR LA DECISIÓN
Por eso, los diputados de PSOE, Izquierda Plural y UPyD piden a la Mesa que "reconsidere" su decisión de este martes y encomiende el debate y aprobación del proyecto de ley a la Comisión Constitucional, que preside el 'popular' Arturo García Tizón.
La vicepresidenta del Congreso, Celia Villalobos, justificó su decisión señalando que la Comisión Constitucional porque ese órgano se encarga de "cuestiones que afectan a los derechos fundamentales de los españoles, a los estatutos de autonomía o a las modificaciones de la Constitución, pero en ningún caso cuestiones exclusivamente económicas".
Además, aseguró que toda la tramitación se realizará "con enorme generosidad" y "garantizando la transparencia, la participación y la defensa de las posiciones de cada grupo" ya que se permitirá la intervención de "tantos portavoces como sea necesario en función de las enmiendas presentadas" y de los diferentes temas.
INFORMACIÓN DE CADA COMISIÓN
Por otra parte, el PSOE, IU-ICV y UPyD apelan al artículo 43.2 del Reglamento del Congreso, según el cual "la Mesa podrá acordar que sobre una cuestión que sea de la competencia principal de una Comisión informe previamente otra u otras comisiones".
Señalando una vez más la heterogeneidad de los temas y la "inequívoca competencia de numerosos departamentos ministeriales", las tres formaciones demandan que se "evite en lo posible que la tramitación del proyecto de ley se realice sin el debido debate especializado y la consiguiente deliberación con carácter previo a su aprobación".
Y, para ello, reclama que, "con carácter previo a la deliberación y la votación" del texto, las comisiones parlamentarias de Justicia, Defensa, Hacienda, Fomento, Empleo, Industria y Economía informen a la Comisión Constitucional sobre los aspectos de la norma que afectan a cada uno de estos departamentos.
Sin embargo, Villalobos argumentó en contra de esta solicitud que aprobar un informe de cada comisión "cercenaría la independencia y participación de los grupos" ya que la mayoría absoluta del PP "cercenaría la posición del resto de grupos en materias con las que no están de acuerdo de este decreto".
COMPARECENCIAS DE LOS MINISTROS
En paralelo a esta solicitud, los socialistas también tienen registrada ya una petición a la Diputación Permanente --el órgano que sustituye al Pleno durante los periodos no hábiles-- para que convoque una sesión extraordinaria de cada una de esas comisiones con el objetivo de que los ministros del ramo informen sobre los contenidos del macrodecreto que les afectan.
Además, el principal partido de la oposición ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional este decreto, opción a la que previsiblemente se sumarán otras formaciones políticas.
Entre tanto, la tramitación del proyecto de ley continuará avanzando por el trámite de urgencia --que reduce los plazos a la mitad--, y la intención del Congreso es que su aprobación por competencia legislativa plena de la Comisión que preside el 'popular' Santiago Lanzuela tenga lugar hacia el 27 de agosto, para así poder mandar el texto al Senado y concluir los trámites antes del otoño.
De hecho, el primer plazo de enmiendas parciales está fijado para el próximo 25 de julio, aunque habitualmente este tiempo se prorroga al menos dos veces, otorgando una semana adicional, con que lo pida un solo grupo. De este modo, las enmiendas estarán presentadas hacia mitad de agosto.
