MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -
Cientos de funcionarios públicos se manifestaron hoy frente al Ministerio de Economía y Hacienda en Madrid, convocados por los sindicatos CC.OO., UGT y CSI-CSIF, para protestar contra las medidas de recorte antes de que el Gobierno anunciara su aprobación definitiva.
Detrás de una pancarta con el lema:'No a los recortes salariales y sociales. Movilízate', los portavoces de las tres formaciones sindicales se situaron frente a la puerta del Ministerio antes de la lectura del manifiesto por parte de la portavoz de la Asociación General de Actores Amparo Climent.
El secretario general de la Federación para la Ciudadanía de CC.OO., Enrique Fossoul, pidió al Gobierno la retirada de las medidas, que calificó de "absolutamente antisociales" y confirmó que los sindicatos continuarán con la convocatoria de huelga del próximo 8 de junio.
Fossoul acusó a los bancos de estar "exigiendo el recorte de los empleos públicos", ya que el origen del aumento de las deuda pública surge de la "necesidad del Gobierno" de recuperar el sistema financiero "para insuflar" dinero en el sistema que "no ha llegado a las familias y empresas".
"El Gobierno apostó por la vía más fácil, mientras que países como Francia y Portugal subían los impuestos. En España se opta por la misma vía de siempre, la de subir la contribución a los sectores más débiles", declaró el representante de CC.OO.
Fossoul rechazó las peticiones de dimisión contra el presidente del Gobierno que se han escuchado hoy en algunas de las 59 concentraciones sindicales celebradas en todo el territorio español. "Eso no viene a ayudar en nada, la política del Gobierno es cuestionable, pero lo que está haciendo la oposición es lo mismo", apuntó.
AUMENTO DE IMPUESTOS.
Por su parte, el secretario de organización de la Federación de Servicios de UGT, Rafael Espartero, defendió la reducción del déficit "por la vía de los recortes de gasto y el aumento de los impuestos".
"No entendemos como las grandes fortunas pagan un 1% por un dinero no productivo y los trabajadores por su nómina tienen que pagar un 20%", señaló Espartero, quien calificó de "irresponsabilidad" por parte del Gobierno la ausencia de información acerca de las medidas antes de aprobarlas.
El representante de UGT confirmó que "se continúa con la convocatoria de huelga general de funcionarios públicos porque no se va a permitir que los trabajadores paguen por una crisis que no han provocado".
Por su parte, el presidente del sindicato de funcionarios CSI-CSIF, Domingo Fernández, destacó que la aprobación de las medidas supone "la ruptura" del Acuerdo para la Función Pública 2010-2012 firmado el pasado mes de septiembre y arroja "el peso de la crisis sobre los funcionarios".
"Hay que reducir el déficit público, aumentando la recaudación fiscal y ahorrando donde se puede ahorrar", apuntó Fernández, quien señaló que "el último lugar de donde hay que ahorrar" es en las pensiones y "el penúltimo" en los salarios de los funcionarios públicos.
Además, Fernández señaló que las administraciones públicas "tienen que prescindir de tantos altos cargos, asesores, consejeros y gastos superfluos".
Durante la lectura del manifiesto, Climent acusó al Gobierno de "romper unilateralmente" el diálogo social con los funcionarios públicos y de vulnerar los derechos constitucionales de los trabajadores a la negociación colectiva.
Climent recordó que el 60% de los funcionarios públicos "no supera los 1.500 euros" y apuntó que el Gobierno está "cuestionando el sector público y abriendo la puerta a la privatización".
"En otros países se toman medidas contra las grandes empresas y las rentas altas, mientras que el Gobierno español varía el timón del barco mermando las políticas sociales", afirmó.
Esta convocatoria coincidió con las concentraciones simultáneas celebradas ante las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en todo el territorio nacional, que suponen las primeras manifestaciones desde que se anunciaron los recortes.
