MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -
La decisión del Gobierno de permitir que el decreto ley de Medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial se tramite como proyecto de ley en el Congreso ha facilitado que PSOE, UPyD, CiU y PNV hayan decidido votar a favor de la convalidación del texto junto con el PP, si bien todas las formaciones de la oposición han reclamado que la misma filosofía que impregna esta norma se aplique también a las familias deudoras de buena fe.
Así, el exministro de Trabajo socialista Jesús Caldera ha coincidido con el análisis del Ejecutivo de que "para volver a tasas de crecimiento equilibradas y sostenibles hay que corregir los balances" de las empresas españolas, pero ha matizado que si estas medidas se hubieran presentado antes se habrían evitado el cierre de muchas empresas y muchos despidos.
En cualquier caso, el diputado considera que el espíritu de este decreto debería aplicarse "tanto a las empresas como a las familias" o los autónomos. "Da la sensación de que este Gobierno ha sido muy diligente para salvar el sector financiero y que se ha hecho poco para salvar a las familias, las grandes olvidadas que no tienen un marco regulatorio eficaz en caso de insolvencia personal sobrevenida, sobre todo por ejecución hipotecaria", ha señalado.
PROTEGER A LAS FAMILIAS
El portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, ha destacado la "gran importancia práctica" de este decreto, que "favorecerá la viabilidad y continuidad de empresas que sólo tienen problemas financieros", pero ha lamentado que no se haya aprovechado para extender esta filosofía a las personas físicas en forma de régimen de segunda oportunidad que permita la condonación si la reestructuración de la deuda no es suficiente.
Josep Sánchez-Llibre, de CiU, ha afirmado que "quizás ésta sea una de las iniciativas legislativas más relevantes de esta legislatura", porque "va en la clara dirección de posibilitar la salvación de muchas empresas" para "garantizar los puestos de trabajo". No obstante, ha coincidido en la necesidad de buscar "alguna posibilidad" para "poder encajar" en este proyecto de ley a los autónomos y a las familias sobreendeudadas.
El portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, ha valorado un decreto que permitirá que muchas empresas continúen funcionando pese a problemas de financiación y la decisión de optar por actuar en la fase de preconcurso, "cuando todavía hay posibilidad de arreglar las cosas". "La crítica al Gobierno podría ser que haya tardado tanto en traer a la Cámara un decreto como éste", ha añadido, apuntando algunos de los asuntos en los que se centrarán sus enmiendas parciales.
AHORA ES MÁS FÁCIL APOYAR AL GOBIERNO
El portavoz de Economía del PP, Vicente Martínez-Pujalte, ha afirmado que este decreto es "bueno" e "interesante" para la estabilidad de las empresas y, sobre todo, para el mantenimiento del empleo, y ha reiterado la oferta a la oposición de negociar los aspectos que puedan ser mejorados en el texto. "Este decreto no es Lourdes, no trata de hacer viable lo que no lo es", ha matizado a renglón seguido.
"Procuraré no estropear el acuerdo y no contribuir con mi intervención a que los que han manifestado apoyo puedan cambiar su voto", ha bromeado el diputado, apostillando que es "lógico" que ahora la oposición se suba al carro de las propuestas del Gobierno porque la "mejora" de la situación económica permite presentar normas "positivas". "Entiendo que en esta fase del ciclo es más fácil llegar a acuerdos aunque la voluntad hace año y medio era la misma", ha asegurado.
HABRÁ "IMPORTANTES EFECTOS COLATERALES"
Joan Coscubiela, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), ha usado el turno en contra para agradecer el ofrecimiento de negociación y para anunciar su abstención ante un decreto cuyos objetivos comparte pero en el que encuentra "muchos defectos" que generarán "importantes efectos colaterales que pueden acabar provocando un problema mayor y algunas injusticias". Asimismo, ha lamentado que "las familias continúen quedando al margen" y que aún no se haya planteado una Ley de Segunda Oportunidad.
Así, el diputado catalán cree que se da un "tratamiento injusto" a los créditos laborales, que deberían estar igual de protegidos que los de titularidad pública --"Salvar empresas de la avaricia de los acreedores, sí, pero no a costa de los créditos laborales", ha llegado a decir--, y rechaza que se trate igual a bancos que a fondos buitre, que "están haciendo el agosto con la refinanciación de deudas empresariales", lo que "incentiva un sistema financiero a la sombra sin ningún tipo de control público".
Olaia Fernández Davila (BNG) ha reconocido sentir "cierta decepción" porque "las necesidades de las empresas son mucho mayores de las que comprende este decreto y por las expectativas generadas" antes de su aprobación. No obstante, ha anunciado su abstención ante la tramitación del texto como proyecto de ley y ha señalado que incluye "medidas positivas" pero que "llegan tarde" y adolecen de falta de actuación en la mejora de la financiación empresarial.
Tras el debate, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha agradecido a todos los portavoces parlamentarios sus aportaciones. "Esto convencido de que enriquecerán el proyecto", ha apostillado.
