MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, explicará el próximo martes a la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas el informe de la institución en el que se alertaba de un sobrecoste de más de 400 millones de euros en las obras de la línea de AVE Madrid-Barcelona.
Éste es el punto fuerte del orden del día de la sesión, que comenzará sobre las 11.15 horas e incluirá otros informes relativos a las cuentas de varias universidades españolas.
Así, Álvarez de Miranda dará cuenta del 'Informe de fiscalización de las principales contrataciones relacionadas con la construcción de la línea férrea de alta velocidad Madrid-Barcelona, desarrolladas desde el 1 de enero de 2002 hasta la puesta en funcionamiento de la línea', en el que se pusieron de manifiesto una serie de hechos irregulares que fueron puestos en conocimiento de su sección de enjuiciamiento, la que se encarga de depurar responsabilidades contables en la Administración.
En concreto, el organismo fiscalizador detectó sobrecostes en las obras del AVE a Cataluña por un importe superior a los 400 millones de euros, por el incremento del precio de contratos como el de la construcción de la plataforma en el tramo Hospitalet-La Torrasa por 247 millones de euros (+230%).
También advirtió deficiencias en el proyecto para las obras de construcción de los tramos Castellbisbal-Papiol, Hospitalet-Can Tunis y La Torrasa-Sans, que a su vez determinaron la necesidad de realizar modificados de los contratos primitivos y/o contratos complementarios de los mismos, cuyo precio total ascendió a 18,2 millones, a 23,7 millones y a 126,64 millones, respectivamente, "sin que conste que se hubiera promovido la exigencia de responsabilidad alguna a los contratistas respectivos".
INFORMARÁ DE LAS DILIGENCIAS JUDICIALES
A resultas de aquel informe, la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas abrió las Diligencias Preliminares 106/2013, que en la actualidad se encuentran en fase de investigación para determinar "las circunstancias en las que se produjeron los hechos, la identidad de sus presuntos responsables y el importe de los perjuicios que pudieran haber sufrido los caudales públicos, datos que resultan imprescindibles para poder ejercitar las acciones encaminadas a exigir su resarcimiento".
Estas investigaciones se desarrollan de forma paralela a las pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción, que investiga si se ha producido un delito de malversación de fondos públicos en el que podrían estar implicados tanto directivos de Adif como responsables de la empresa Corsán, que presuntamente inflaron precios de algunos proyectos para beneficiarse económicamente. Ya hay una decena de detenidos.
