El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 11 de diciembre de 2025, en Madrid (España). El Congreso debatirá y votará este jueves el decreto de medidas complementarias par - Fernando Sánchez - Europa Press
MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno ha alcanzado un acuerdo 'in extremis' con Esquerra Republicana (ERC) para salvar la convalidación del decreto ley por la se aplaza la entrada en vigor del sistema Verifactu, de manera que se ha comprometido a revisar el uso que pueden hacer los ayuntamientos del superávit que generen y lo destinen a políticas sociales.
Durante el debate del decreto ley, que además del aplazamiento del sistema de facturación también devuelve a Cataluña la gestión de la oferta pública de empleo y la selección de los habilitados nacionales, ERC había dejado en el aire su apoyo a la norma precisamente porque el PSOE votó en contra en el Senado de una propuesta suya para permitir a los ayuntamientos recurrir a su superávit para financiar sus inversiones.
El voto de esta formación era clave para que la convalidación prosperara, y justo en las votaciones la formación de Gabriel Rufián ha anunciado un pacto alcanzado con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para empezar a negociar que los ayuntamientos con ahorros puedan usar el superávit para políticas sociales.
El calendario de tramitación de esta nueva iniciativa, apunta ERC, dará su inicio en febrero de 2026 y concluirá dentro del mismo periodo de sesiones.
APOYO DEL BLOQUE DE INVESTIDURA
En lo que respecta al resto de votaciones, el Gobierno también ha logrado el apoyo de Junts, PNV, EH Bildu, BNG y Podemos. PP y Vox han votado en contra.
El diputado de Junts, Josep Pagès i Massó, considera que este real decreto-ley responde a necesidades concretas de sectores muy perjudicados por "la dejadez" del Gobierno español: "autónomos, pequeñas empresas, ayuntamientos son los principales afectados".
"Con este Real Decreto-Ley lo que vemos es que el Gobierno español por fin se ha dado por enterado y ha puesto negro sobre blanco algunas de las cuestiones que tenían pendientes con nosotros. De hecho, en el Real Decreto-Ley sólo hay temas de Junts per Cataluña", ha puesto en valor el diputado.
VOX Y PP CRITICAN LA "CESIÓN AL SEPARATISMO CATALÁN"
Vox ha defendido su posición en contra a la norma, ya que el diputado, Juan José Aizcorbe, ha advertido de que este real decreto-ley es "un envoltorio amable, con inversiones financieramente sostenibles y un posible alivio para los autónomos, que oculta "una alteración profunda de la arquitectura institucional del Estado".
Para la formación que lidera Santiago Abascal se trata de un "obsequio" que se presenta como urgente y necesario, pero que contiene "una cesión competencial estructural" para la devolución a Cataluña de la oferta pública de empleo y la selección de los habilitados nacionales.
"Hoy no discutimos sólo un decreto ley, discutimos un método de demolición institucional que usa cuerpos estatales como moneda de cambio. Hoy son los habilitados, mañana podrían ser otros vértices del Estado", ha señalado Aizcorbe.
Por su parte, el diputado del PP, Antonio Román, considera que es un real decreto-ley que no nace para solucionar los problemas de los ciudadanos, sino para construir "un artificio legislativo para satisfacer las exigencias del independentismo".
"Este real decreto no puede ser convalidado por mezclar materias inconexas con una finalidad política evidente y de no cumplir el requisito constitucional de urgencia, por dañar la seguridad jurídica de los autónomos, por llegar tarde y sin diálogo en el ámbito municipal, o por romper el modelo nacional de habilitados", ha advertido el diputado 'popular'.