Las empresas deberán firmar Pactos de Integridad y contra la corrupción para poder contratar con la Administración
MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -
El PSOE modificará el sistema de oposición para acceder al empleo público en aras a primar la experiencia previa de los aspirantes por encima de los contenidos aprendidos de memoria para el examen, así como para introducir periodos de formación y prácticas que sean evaluables.
Así consta en el borrador del programa electoral con el que los socialistas concurrirán a las elecciones del 20 de diciembre, que se titula 'Un proyecto de país: conocimiento, crecimiento, cohesión. El cambio que une' y que recoge Europa Press.
En el apartado dedicado a los funcionarios, el principal partido de la oposición aboga por cambiar el acceso al empleo público de modo que se garantice que las administraciones cuentan con "los mejores profesionales". En concreto, apuesta por revisar los sistemas, pruebas y programas para "reducir el componente memorístico" y valorar la experiencia profesional previa.
En aras a que cualquier ciudadano pueda prepararse las pruebas de ingreso al servicio público sin que la falta de recursos económicos sea un "obstáculo", el PSOE plantea también la necesidad de crear un sistema de ayudas a modo de becas para los opositores.
REVERTIR LOS RECORTES
Por otra parte, el PSOE se compromete a sentarse con sus representantes "en los primeros tres meses" de legislatura para "alcanzar un pacto de salarios y de condiciones laborales", alegando que la mejora de la situación económica debe reflejarse también en la "recuperación del poder adquisitivo" de estos trabajadores.
Pero, además, la reversión de los recortes que ha sufrido la Función Pública debe pasar por aprobar Ofertas Públicas de Empleo (OPE) "suficientes y adecuadas a las necesidades de un Estado social reforzado".
CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN
En materia de contratación pública, los socialistas quieren que sea obligatorio para las empresas firmar Pactos de Integridad con los que "prevenir la corrupción y favorecer la competencia leal con los máximos estándares de transparencia y el control de su cumplimiento".
El objetivo último es que el sistema sea "transparente, eficiente en la asignación del gasto público, que asegure la calidad de los bienes y servicios y que sea sostenible medioambiental y socialmente", señala el documento.
En esa línea, también habría que limitar las posibilidades actuales de que la Administración contrate directamente sin concurrencia ni publicidad, sancionar el fraccionamiento injustificado de contratos e incluir incentivos para favorecer la contratación con centros especiales de empleo o de inserción social, con pymes y con empresas que impulsen la I+D+i.
Además, el PSOE reformará la Ley de Contratos del Sector Público para que el precio no sea el único criterio de selección y se tengan en cuenta otras variables como la calidad, cláusulas sociales o de compromiso anticorrupción. E incluso para que cumplir ciertas prácticas de responsabilidad social corporativa cuenten como requisitos de solvencia o criterios de adjudicación.
FINANCIACIÓN TERRITORIAL
En materia de financiación de las administraciones territoriales, los socialistas son más ambiguos y sólo señalan en su programa que se negociará un nuevo sistema de financiación autonómica que "corrija los déficits" actuales y garantice el cumplimiento de la Constitución y la prestación de servicios esenciales, en aras a "garantizar la igualdad y la suficiencia financiera" de todas las regiones.
Igualmente, el PSOE impulsará "desde el consenso" y de forma coordinada con la financiación autonómica una nueva Ley de Haciendas Locales que "dote de estabilidad, rigor y recursos" a las competencias asumidas por los ayuntamientos. Además, se integrará a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
Potenciar la existencia de Áreas Metropolitanas como entes locales que prestan determinados servicios públicos de forma más eficaz y eficiente y primar financieramente la cooperación en redes supramunicipales para racionalizar costes serán otras medidas de los socialistas en este ámbito.
REGULADORES Y SUPERVISORES
Durante esta legislatura los socialistas también se han quejado en diversas ocasiones de la falta de independencia de los supervisores y reguladores, por lo que en su programa incluye una propuesta para que sea el Parlamento el que designe a los miembros de estos organismos.
El procedimiento comenzará con una convocatoria pública de vacantes, la evaluación de la competencia e idoneidad de los candidatos por un Comité Asesor de "composición profesional variable" designado para cada ocasión por los grupos, y la elección tras audiencias en el Congreso y el Senado.
Además, el PSOE quiere también revisar la regulación de sectores con "gran concentración empresarial" como la energía o las telecomunicaciones para favorecer la entrada de nuevos competidores, reforzar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) encargándole la supervisión de las auditoras de entidades de interés público (EIP) y reforzar la capacidad e independencia tanto de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
