MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -
El PSOE ha anunciado que recurrirá en amparo ante el Tribunal Constitucional por el veto impuesto por el Gobierno en el Congreso a su proposición de ley, que permitía a familiares que conviven en una residencia percibir su pensión no contributiva.
La proposición de ley trata de evitar que la convivencia de familiares en segundo --hermano-- o tercer grado de consanguinidad --tío o sobrino-- en un centro asistido o residencia para mayores pudiera considerarse una "unidad económica" y, por tanto, se posibilite el cobro de esta prestación.
Así lo ha anunciado la portavoz de los socialistas en la Cámara Baja, Margarita Robles, tras la reunión de Junta de Portavoces de este martes. Robles ha acusado al Ejecutivo de demostrar "una falta de sensibilidad total con el Parlamento, pero sobre todo de gravedad con aquellas personas que reciben pensiones no contributivas en situación de desamparo".
"Para acabar con esta situación, vamos a recurrir al Tribunal Constitucional y esperemos que en su resolución permita que el Parlamento pueda desarrollar su actividad legislativa", ha aseverado Robles.
YA VAN 46 VETOS EN EL CONGRESO
Desde el PSOE han lamentado que el Gobierno ya ha vetado hasta en 46 ocasiones iniciativas legislativas de la oposición lo que, a su juicio, "usurpa las funciones y competencias del Congreso". En este caso, consideran "inadmisible" tanto el argumento de incremento presupuestario, como el de que "la ley de pensiones no contributivas, al condicionarlas a los recursos familiares, intenta acabar con los casos de sobreprotección social".
"Este veto, apostilla el PSOE, "demuestra la utilización carente de proporcionalidad y razonabilidad que está haciendo el Ejecutivo de una facultad que la Constitución contempla para evitar que se desequilibre el presupuesto en vigor, pero no para impedir arbitrariamente la facultad de iniciativa legislativa de las Cortes".
EVITAR EFECTOS NO DESEADOS EN LA LEY
Precisamente, esta formación argumenta que su propuesta trata de evitar "efectos no deseados, seguramente no queridos por el legislador", como "provocar la expulsión como beneficiaria de la pensión de personas que cumplen con los requisitos de falta de ingresos establecidos en el ordenamiento de la Seguridad Social".
"Este ha sido el caso de dos hermanas de Almazán (Soria), que se ven obligadas a renunciar a vivir en la misma residencia, para no perder su pensión no contributiva, de cerca de 380 euros, porque se las considera 'unidad de convivencia'", explican.
