BRUSELAS, 30 May. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea ha confirmado la apertura de una investigación profunda para determinar si el aeropuerto regional galo de Beauvais se ha beneficiado de ayudas públicas ilegales entre 2000 y 2008.
El aeropuerto, ubicado en Oise, a unos 75 kilómetros al norte de París, es propiedad del Sindicato Mixto del Aeropuerto de Beauvais, pero estuvo operado hasta mayo del 2008 por la Cámara de Comercio local que se benefició de ayudas públicas de las autoridades francesas para operar el aeropuerto regional, incluidas subvenciones superiores a los 10 millones de euros para inversiones en infraestructura aeroportuaria entre el 2000 y el 2008.
El actual operador del aeropuerto, la Sociedad Aeroportuaria de Gestión de Explotación de Beauvais (SAGEB), que además es el mayor accionista de la Cámara de Comercio local, se benefició a su vez de subvenciones públicas por valor de 14,5 millones de euros para mejorar la infraestructura del aeropuerto.
"La Comisión tiene dudas de que estas medidas, concedidas por varias entidades públicas, incluida la región, el Consejo General de Oise y los municipios locales, respetan las directrices de la UE de 2005 sobre ayudas públicas en el sector aéreo", ha reconocido el Ejecutivo comunitario en un comunicado.
En concreto, el Ejecutivo comunitario investigará "si las ayudas eran necesarias para llevar a cabo las inversiones y si fueron proporcionales a los objetivos perseguidos", tal y como fijan las directrices de 2005 que autorizan ayudas públicas "si son necesarias, proporcionales, persiguen un objetivo de interés general, garantizan el acceso no discriminatorio para todos los usuarios y no perjudican el comercio en el mercado interior".
Bruselas también investigará por ello los acuerdos comerciales entre los operadores del aeropuertos y sus aerolíneas clientes, incluidos los contratos de marketing, descuentos en los aeropuertos y los recargos por los servicios en tierra para comprobar si han respetado "las condiciones de mercado" exigidas tras admitir su "preocupación" por la posibilidad de que se hayan beneficiado de ventajas que otros competidores no tienen.
El Ejecutivo comunitario deja claro que la apertura de su investigación no prejuzga el resultado de la misma y dará a las terceras partes interesadas la posibilidad de remitirle sus observaciones. Bruselas no tiene un plazo límite para concluir su investigación.
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