MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha "exigido" a Correos publicar la política de descuentos que aplica a las empresas que realizan grandes envíos postales, dado el "efecto que estas rebajas puede estar teniendo en la competencia en el sector postal".
El 'superregulador' señala que el segmento de los remitentes de correo masivo es el que puede presentar un mayor espacio para la entrada de otros operadores postales. No obstante, asegura que se estaría beneficiando de descuentos que arrojan "importantes márgenes negativos" a Correos.
En este sentido, la CNMC recuerda que, según la Ley Postal, los precios y los descuentos de Correos "no pueden suponer un incremento injusto de la carga financiera compensable al operador", esto es, la que el Estado le compensa por su obligación de garantizar el servicio público.
Con este fin, "y en cumplimiento del principio de transparencia", el organismo que preside José María Marín Quemada ha "exigido" a Correos que publique su modelo de descuentos, las circunstancias que dan derecho a las empresas a lograr dichas rebajas y los criterios que determinan el volumen de descuento que se aplica efectivamente a cada cliente concreto.
La CNMC recuerda a Correos que la legislación postal le habilita para pedir incluso los contratos que tiene con cada uno de sus clientes para comprobar el cumplimiento del principio de no discriminación.
LIMITAR LOS SERVICIOS A PÉRDIDAS.
En la resolución por la que este organismo revisa los precios de los servicios postales del sector postal universal para 2015, la CNMC también realiza una observación sobre el correo residencial y particular.
En este punto, indica que los precios postales que pagan los particulares, que no se benefician de descuentos, "no comprometen el principio de asequibilidad".
No obstante, el 'superregulador' recomienda a Correos limitar los servicios postales que se prestan a pérdidas a aquellos que son necesarios para garantizar el servicio postal público y universal.
Correos es el operador designado por la Ley Postal para garantizar que el servicio postal llegue a todos los ciudadanos, a cambio de recibir una compensación pública.
