Competencia dice que el Decreto de VTC de Cataluña causa "perjuicio inmediato" a los ciudadanos

Publicado 06/02/2019 18:10:38CET

Recomienda no convalidar la norma en el Parlament

BARCELONA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Autoritat Catalana de la Competencia (Acco) ha manifestado su rechazo al Decreto aprobado por el Govern sobre los vehículos de alquiler con conductor (VTC), al considerar que "supone un perjuicio inmediato para los usuarios", a los que "impide beneficiarse de las innovaciones tecnológicas que suponen estas plataformas".

Así lo indica en el informe emitido sobre la nueva normativa de Cataluña, que obliga a los VTC a contratar sus servicios con quince minutos de antelación y que, con su entrada en vigor el viernes, ha llevado a Uber y Cabify a dejar de dar servicio en la Comunidad.

Según la autoridad de Competencia catalana, estas plataformas han supuesto "la aparición de una alternativa de movilidad muy eficiente y satisfactoria desde el punto de vista de los usuarios".

En su análisis sobre el Decreto del Govern "lamenta" así que esta norma disminuya la oferta e incentive una modalidad de contratación más ineficiente.

Por ello, recomienda no convalidar el Decreto Ley de VTC en el Parlament. Además, este órgano supervisor del mercado advierte de que aunque no puede impugnar Decreto, sí puede recurrir todas las normativas que deriven de él, como las que desarrollen ayuntamientos y entes supramunicipales para ampliar el tiempo mínimo de contratación para los VTC.

"DELBILITAR LA COMPETENCIA".

En su análisis del Decreto, publicado este miércoles y recogido por Europa Press, la Acco considera que "profundiza en la dualidad regulatoria" y ahonda en la "discriminación normativa existente entre dos servicios de transporte materialmente idénticos"

"Lo hace con el objetivo de debilitar las presiones competitivas que los operadores de VTC han ejercicio respecto al servicio del taxi, sector tradicionalmente preservado de competencia", argumenta este órgano.

"DECISIÓN POLÍTICA".

Frente a ello, la Acco considera que los poderes públicos deberían propiciar "un entorno de mercado que posibilite el desarrollo de la actividad en diversas modalidades" y reconozca derechos y obligaciones equivalentes para los diferentes operadores.

También ha considerado que las limitaciones legales que establecen las administraciones deben respetar los principios de necesidad, proporcionalidad, no discriminación y mínima distorsión.

"La elección de un modelo más o menos procompetitivo para este tipo de transporte constituye exclusivamente una decisión política", concluye el organismo.

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