Dicen esperar que la "actitud hostil y beligerante" de la Comisión europea con el Concierto sea "corregida" por el Tribunal
LUXEMBURGO, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno vasco y las tres diputaciones forales acusaron hoy, desde Luxemburgo, aL PSOE y PP de "judicializar y utilizar políticamente" el Concierto Económico y reclamaron su reconocimiento normativo en la legislación europea.
Estas reflexiones forman parte de la declaración hecha pública por la vicelehendakari y consejera de Hacienda del Gobierno vasco, Idoia Zenarrutzabeitia, el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, el de Alava, Xabier Agirre, y el de Gipuzkoa, Markel Olano, tras la vista oral celebrada hoy en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de la cuestión prejudicial relativa a las normas del Impuesto de Sociedades.
Las instituciones vascas denunciaron las "dos barajas" con las que estos partidos "juegan con el Concierto", presentándose en Euskadi "como sus máximos defensores, mientras desde otras instancias se dedican a atacarlo, a recurrirlo y a utilizarlo como un arma arrojadiza más entre ellos".
En su declaración afirman que sólo así puede entenderse el hecho de que el PP cerrará con el Gobierno vasco la denominada "paz fiscal" y, posteriormente, ese mismo partido, "de unos años a esta parte, y desde su responsabilidad de gobierno en Comunidades Autónomas limítrofes a Euskadi, se dedique por sistema a recurrir judicialmente las normas vascas".
También se refirió al PSOE denunciando el hecho de que manifieste "su respeto al Concierto Económico" y "hace apenas un año incumpliera los compromisos" para proceder al blindaje del Concierto.
"Sólo así puede entenderse la inexplicable actitud que desde hace ya muchos años mantienen Comunidades Autónomas como La Rioja o Castilla-León en contra del Concierto Económico, basando sus argumentos en falacias demagógicas y en supuestos e inexistentes agravios, cuando la realidad evidencia que son tradicionales destinatarias de inversiones empresariales procedentes de Euskadi", añadió.
Asimismo, indicaron que la judicialización del Concierto es un hecho de "extrema gravedad" y es "muestra de la no asunción política, del no reconocimiento político real, pleno, de lo que es y supone el Concierto Económico y su desarrollo, en tanto que parte de su no consideración como un sistema tributario general e integral o, lo que es lo mismo, de la idea de querer constreñirlo a ser una mera fotocopia del régimen fiscal del Estado vigente en territorio común".
Las instituciones vascas afirman que el "máximo exponente" de esa situación se produjo en diciembre de 2004 cuando el Supremo declaró nulos diez artículos de las normas del Impuesto sobre Sociedades. En su opinión, la sentencia "fue y sigue siendo un auténtico sinsentido, un monumental despropósito jurídico y político, emitida desde la ignorancia, o, peor aún, desde el desprecio más absoluto a la existencia del Concierto Económico entre Euskadi y el Estado español, dado que lamina de facto la capacidad normativa" de las haciendas vascas.
En su declaración, señalan que, más allá de la "judicialización y de utilización política" del Concierto, "la muestra más acabada de la falta de asunción y reconocimiento político del Concierto Económico se produce precisamente, en el corazón de Europa, en relación a su inserción en el entramado jurídico-político y en el espacio económico que se está construyendo en la Unión Europea".
En este sentido, denunciaron que "histórica y sistemáticamente" el Estado español ha venido negándose a transponer el "andamiaje jurídico interno" a los Tratados de la Unión. La última ocasión fue, a su juicio, con motivo del rechazo del Gobierno central a la petición de que en el Tratado de Lisboa se recogiera una declaración anexa en la que se comprometiera a "garantizar" la aplicación y el funcionamiento del Concierto Económico.
Además, criticaron que, "por falta de voluntad política", desde el Estado no se les dé "participación" en las instituciones europeas. A su juicio, es una "reclamación lógica, totalmente legítima y absolutamente jurídica", que "tarde o temprano" habrá de abordarse.
ACTITUD HOSTIL DE LA COMISION
Por otra parte, se refirieron a la "actitud hostil y beligerante" que la Comisión Europea está mostrando con el Concierto, que esperan sea "corregida" por el pronunciamiento del tribunal. Sin embargo, destacaron que ésta su "punto de contraste" en el apoyo por parte de países miembro como Gran Bretaña o Italia.
Gobierno vasco y diputaciones señalaron que, con su presencia hoy en Luxemburgo, quieren reivindicar el "pacto político de convivencia que es el Concierto Económico entre Euskadi y el Estado español" y que "no es el resultado de un proceso de descentralización de competencias, ni un sistema de cesión de tributos estatales" porque "deviene de una realidad histórica anterior al proceso de construcción unitaria de lo que hoy es el Estado español".
Por ello, indicaron que defienden el autogobierno tributario y financiero que deriva del Concierto y que permite que Euskadi sea titular de la "potestad normativa en materia tributaria", constituyendo un régimen tributario propio.
Además, reivindican la capacidad para aprobar y desarrollar su propia normativa en relación a la tributación empresarial al tratarse de un tributo concertado de normativa autónoma. Por ello, afirman que las normas tributarias promulgadas en este campo por las Haciendas forales, "incluidas las normas enjuiciadas hoy", lo son "en virtud de tal potestad normativa y de tal autonomía de gestión".
Precisan se trata de disposiciones fiscales de carácter general a las que durante su vigencia pudieron acceder todos los agentes económicos que operaban en todo el territorio de Euskadi. "Ni favorecían a determinadas empresas, ni falseaban la competencia, ni afectaban a los intercambios entre Estados miembros de la Unión. No se trataba de medidas específicas, selectivas o discrecionales, ya que no hacían excepciones a favor de determinadas empresas o producciones, trataban por igual a todos los sectores de actividad, y se aplicaban por imperativo legal en tanto se cumplimentaran los supuestos de hecho para su aplicación", afirma.
Tras destacar que las instituciones vascas son autosuficientes desde el punto de vista financiero, reivindican el futuro del "pacto político de convivencia que es el Concierto" y la necesidad de articular un sistema bilateral de garantías jurídicas y políticas en las relaciones entre Euskadi y el Estado español "con objeto de que ni decisiones políticas ni decisiones judiciales interfieran, perviertan o cercenen la aplicación y el desarrollo de los pactos políticos que rigen o, en su caso, puedan regir la convivencia entre los ciudadanos vascos y entre las instituciones Vascas y las del Estado español".
Las instituciones vascas insistieron en la necesidad de que el único control jurisdiccional de las normas tributarias vascas corresponda únicamente al Tribunal Constitucional, además de reclamar el reconocimiento normativo del Concierto en la legislación europea.
Asimismo, se reafirmaron en su compromiso de defender, "con absoluta firmeza", el autogobierno vasco vigente "o el que en cada momento histórico puedan decidir democráticamente los ciudadanos, además de su voluntad de encauzar el desarrollo del Concierto Económico tanto en seno del Estado español como de la Comunidad europea "con seriedad, rigor, y a través de las vías jurídicas y políticas que resulten más adecuadas"
Tras expresar su deseo de arbitrar los medios más idóneos para garantizar la estabilidad y la seguridad jurídica del sistema tributario vasco, lanzaron un mensaje de tranquilidad a toda la sociedad vasca en general, y a los agentes económicos y sociales en particular.
