LOGROÑO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Vivienda y Obras Públicas, Antonino Burgos, anunció hoy que había enviado una nueva carta -la "quinta", según confesó- a la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, para reunirse y analizar las medidas de gratuidad de la AP-68 implantadas en La Rioja, y "estudiar la posibilidad de mejorarlas en colaboración" con su departamento.
En comparecencia de prensa, Burgos explicó que la carta enviada a Álvarez, es producto de las declaraciones realizadas por el delegado del Gobierno en La Rioja, José Antonio Ulecia, el pasado 10 de octubre. En ellas, decía que "Fomento estaba a la espera de una contestación, por parte del Gobierno de La Rioja, para colaborar en materia de gratuidad en la AP-68".
Burgos afirmó que Ulecia "miente gravemente" al hacer esas declaraciones, puesto que "ni ha habido, ni en estos momentos hay, ni una sola propuesta encima de la mesa del Gobierno de La Rioja, por parte del Ministerio de Fomento, para intentar una colaboración en materia de gratuidad de la autopista".
En este sentido, el consejero recordó que "ni siquiera han querido reunirse" con el Gobierno de La Rioja, en las cinco ocasiones en las que el propio Burgos se lo había solicitado, la última hace cuatro meses.
El consejero instó a Ulecia a que "demuestre con documentos que no está mintiendo a los riojanos" y que "desde el Ministerio de Fomento se ha remitido una propuesta de colaboración en materia de autopista con el Gobierno de La Rioja". Aseguró que "no existe, porque en el Gobierno riojano no se ha recibido ninguna propuesta".
Burgos afirmó que el delegado del Gobierno "sigue en esa estrategia de intentar engañar a los riojanos, diciendo que desde el Ministerio no se puede liberar la autopista, por culpa del Gobierno de La Rioja".
Recordó que la liberalización de la autopista es una "competencia exclusiva de la Administración central" que "es la única que puede actuar en este tema". Otra cuestión, afirmó que "ante la inactividad del Gobierno central, el Ejecutivo riojano "si que haya acordado con la concesionaria, alguna medida".
Para Burgos "se trata de otra artimaña más de la Administración central para tapar, el mayor incumplimiento que se ha producido en La Rioja en materia de infraestructuras".
