BRUSELAS, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea reclamó hoy a los Estados miembros un total de 263,5 millones de euros por irregularidades en la aplicación de la Política Agrícola Común (PAC). España deberá devolver a las arcas comunitarias 11,3 millones por haber incumplido los plazos de pago y no haber ejecutado los controles de impacto ambiental en las operaciones de retirada de frutas y hortalizas. El Ejecutivo comunitario considera que España hizo controles insuficientes que no abarcaron el uso final de los productos de distribución gratuita.
Bruselas recuerda que, en el marco de la política agrícola común (PAC), los Estados miembros son "responsables de efectuar y controlar los gastos", pero que compete a la Comisión velar para que se haga un uso correcto de los fondos.
"Este procedimiento ha resultado sumamente eficaz para recuperar fondos que no se han gastado correctamente. Se trata del dinero de los contribuyentes, y debemos controlar rigurosamente su utilización. Hemos realizado considerables progresos en cuanto a la mejora de nuestros controles y proseguiremos nuestros esfuerzos hacia ese meta en el futuro", dijo al respecto la comisaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Mariann Fischer Boel.
Según la decisión adoptada hoy, la vigésimo tercera desde la reforma del sistema de recuperación de fondos de la PAC indebidamente gastados introducida en 1995, además de a España, la CE reclama devoluciones a Alemania, Finlandia, Francia, Grecia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal.
Algo menos de 1 millón de euros a Alemania por rebasar los umbrales financieros en la liquidación de cuentas de 2002; unos 400 euros a Finlandia por deficiencias en los criterios de subvencionalidad. En el caso de Francia deberá devolver algo más de 5 millones de euros por deficiencias en los controles de las organizaciones de productores y los transformadores.
Grecia, por su parte, tendrá que reembolsar 232 millones de euros por deficiencias en el sector del aceite, el régimen de ayudas a la producción de algodón y el de las uvas pasas. A Países Bajos se le reclaman 6 millones de euros por declarar gastos en un programa inadecuado del FEOGA. Mientras, Portugal tendrá que retornar a las arcas comunitarias poco más de 4 millones de euros por irregularidades en las subvenciones al trigo duro e incumplimiento de plazos de pago en el sector de las frutas y hortalizas.
