MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -
El secretario general de Agricultura, Josep Puxeu, confió hoy en que la decisión del Tribunal de Justicia de la UE (TUE) a favor de los planteamientos de España sobre la reforma del algodón permita instaurar una regulación "más favorable" a los intereses de los agricultores.
En su intervención en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados, Puxeu estimó que el nuevo régimen de ayudas permitirá la continuidad de los fondos que percibe el sector algodonero y el tejido productivo, incluida la industria desmotadora, que sustenta el cultivo.
"Mantener la ficha financiera no debería ser demasiado complicado", consideró Puxeu, para quien la decisión del TUE supone una "victoria moral" para los agricultores españoles, ya que "la Comisión Europea no puede ir a su libre albedrío sin escuchar a los productores y la realidad social".
Concretamente, entre los objetivos que persigue España para el nuevo régimen de ayudas al algodón, indicó que destacan mantener los apoyos financieros, garantizar entre 70.000 y 80.000 hectáreas y establecer fórmulas para garantizar la salida comercial del algodón español.
No obstante, el secretario general de Agricultura advirtió de que la Organización Mundial del Comercio (OMC) mantendrá sus criterios de progresiva liberalización del mercado y consideró poco probable que los productores españoles accedan a una ayuda cercana a los 200 euros por kilo de algodón.
Puxeu instó a los agricultores a que esperen a conocer los resultados de la nueva propuesta de la Comisión Europea, que se elevará al Consejo de Ministros en los próximos meses, antes de decidir el abandono del cultivo.
Sobre la reconversión de la industria desmotadora, dijo que si fuera necesaria, se haría para una mejor adaptación al nuevo escenario del régimen de ayudas, y se pondría en marcha en colaboración con los sectores y las comunidades autónomas afectadas.
Entre los compromisos ya cumplidos por el Ministerio, señaló la aplicación de la retención máxima del 10% para mejorar la calidad y la comercialización del algodón, y los reales decretos para que los algodoneros cuenten con ayudas que se destinarán a desarrollo rural en el marco de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC).
El TUE dio la razón a España el pasado 7 de septiembre al anular el nuevo sistema de ayudas para el algodón al considerar que fue aprobado sin tener en cuenta su impacto sobre los salarios de los agricultores o sobre la situación económica de las desmotadoras. No obstante, por motivos de seguridad jurídica, los efectos de esta anulación se suspenden hasta que se adopte un nuevo régimen.
España había recurrido ante el TUE contra el reglamento de reforma del algodón aprobada en 2004 alegando que produciría efectos opuestos a sus objetivos explícitos de sostener la producción de algodón y evitar su sustitución por otros cultivos en las regiones donde sea importante para su economía agrícola.
