Economía/Agricultura.- Los regantes denuncian su exclusión del consejo de la Sociedad Estatal de Infraestructura Agraria

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) ha criticado su exclusión del consejo de administración de la Sociedad Estatal de Infraestructura Agraria (SEIASA), así como de las sociedades vinculadas a las Confederaciones Hidrográficas, al considerar que los agricultores constituyen la razón de ser de este tipo de empresa pública y una de sus principales fuentes de financiación.

"Con esta reestructuración, el órgano de gobierno de la Seiasa prescinde de la voz del regadío, otorgando su representación exclusiva al poder político a través de autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Economía y Hacienda, principalmente", señaló Fenacore en un comunicado.

El presidente de Fenacore, Andrés del Campo, afirmó que carece "de toda lógica" que las comunidades de regantes no tengan ni voz ni voto en la toma de decisiones relacionadas con la modernización de regadíos cuando participan aportando más de un 60% de la inversión. "Los que pagamos y conocemos la realidad del sector debemos ser parte activa en la toma de decisiones", aseveró.

En su opinión, resulta contradictorio que se excluya a Fenacore de estas sociedades cuando su objetivo único y exclusivo es la modernización de regadíos en las comunidades de regantes.

Por otro lado, Del Campo consideró muy positivo que desde la administración central se reduzcan los costes fijos de las sociedades estatales, pero afirmó que este recorte debe hacerse realizando "una verdadera reestructuración", yendo más allá de la agrupación de entidades y los cambios en los consejos de administración, ya que no pueden limitar su financiación a la vigilancia de las obras realizadas porque es insostenible para las comunidades de regantes.

En este sentido, criticó que se excluya a Fenacore de participar desde dentro en estas sociedades, pues son las comunidades de regantes las que están financiando gran parte de estos costes fijos mediante el pago de facturas por el seguimiento y control de unas obras de modernización que actualmente están paralizadas por la falta de fondos para llevar adelante la segunda fase del Plan Nacional de Regadíos.