VALLADOLID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -
La organización profesional agraria UPA acusó hoy a las multinacionales de la energía de imponer "a espaldas" del sector agrario los precios y condiciones de la energía eléctrica que utilizan los agricultores para sus riegos.
En un comunicado recogido por Europa Press, la organización recordó que estas empresas "en ningún momento" se han dirigido a los profesionales del sector agrario para informarles detalladamente sobre las tarifas y condiciones en las que se les suministra la energía a partir del 1 de julio.
Así, la última comunicación enviada por parte de una de las empresas comercializadoras "más importantes", Iberdrola, data del 6 de junio y en ella se informaba a los agricultores de que "a partir del 1 de julio desaparecían las tarifas específicas con destino a riegos agrícolas o forestales de alta y baja tensión" y se recomendaba "contactar con una empresa distribuidora de energía eléctrica para el suministro de la misma".
Finalmente y según destacaron las mismas fuentes, en la misiva se explicaba que "en caso de no producirse comunicación alguna se aplicaría lo que reglamentaria se determinara a tal efecto", y por lo tanto bajo unas condiciones "absolutamente desconocidas" por los agricultores.
En la actualidad y una vez modificadas las condiciones de forma unilateral por parte de las empresas, los agricultores "se encuentran en una situación evidente de indefensión", según UPA, ya que "en ningún momento" se han dado a conocer a los profesionales del sector los pormenores contractuales "impuestos" por las multinacionales.
"Desde UPA nos hemos dirigido a la Consejería de Agricultura y Ganadería para que convoque una reunión entre OPA, el director general de la Energía y representantes de las empresas de energía eléctrica en Castilla y León para clarificar las condiciones en las que se comercializará la energía para riegos y conocer si se mantienen los periodos de 'horas valle' establecidos en el sistema anterior", recalcaron desde la organización.
A su juicio, es "primordial" que el Gobierno prorrogue el sistema de tarifas que venía aplicando hasta alcanzar un acuerdo entre todas las partes que pueda ser asumido por los agricultores ya que, de lo contrario, se puede frenar "en seco" el proceso de modernización y transformación de regadíos "con el consiguiente ahorro de agua que conlleva" ya que modificar el sistema tarifario supone un encarecimiento de entre el 20 y el 40por ciento, en función de las distintas zonas regables, "y que es inasumible por un sector con elevadísimos costes de producción".
