Para Gabaldón, es inviable la vuelta a una empresa cuyo consejo de administración mantiene cinco acciones legales contra él
MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -
El ex director general de Galletas Gullón, Juan Miguel Martínez Gabaldón, ha rechazado su reincorporación a la empresa y ha reclamado, "tan pronto como causen firmeza las sentencias dictadas", el abono de la indemnización de cerca de nueve millones de euros por despido improcedente, la mayor impuesta en España por este motivo.
Según informó hoy la compañía galletera, Gabaldón se ha pronunciado de este modo en sendos escritos fechados el 13 de agosto y dirigidos al Juzgado Social número 2 de Palencia y a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
El consejo de administración de Galletas Gullón manifestó su "sorpresa ante la actitud" del directivo y advirtió de que el pago de esta indemnización "pone en peligro" los planes de expansión y crecimiento previstos por la empresa para el ejercicio 2010-2011.
Según criticó el consejo, Gabaldón ha efectuado "repetidas manifestaciones" acerca de que su intención era reincorporarse a la compañía, afirmaciones que realizó "incluso por escrito ante el Juzgado de lo Social número 2 de Palencia, tras conocerse la sentencia en la que se estimaba parcialmente su demanda".
"De hecho, la readmisión no es otra cosa que la aceptación de su propuesta, reiterada por María Teresa Rodríguez Sainz Rozas --primera accionista de la empresa-- en cuantas comunicaciones escritas ha mantenido con el consejo de administración", agregó el órgano de gobierno de la compañía.
REINCORPORACIÓN INVIABLE.
Por su parte, fuentes próximas a Gabaldón indicaron a Europa Press que la readmisión del ex director general sería inviable y dañaría su reputación profesional, así como la imagen de la empresa.
Estas fuentes defendieron que un director general no puede desempeñar debidamente sus funciones mientras el consejo de administración al que reporta amplía una querella frente a él por presuntos delitos de apropiación indebida y estafa, además de mantener otras "hostiles" acciones civiles.
Galletas Gullón había aceptado la readmisión de su ex director general a partir del 23 de agosto para el desempeño de las mismas funciones que ejercía antes del momento de su despido, el 3 de noviembre de 2009.
De esta forma, la galletera acataba las sentencias que declaraban improcedente el despido de Martínez Gabaldón y solicitaban la readmisión del mismo, a pesar de considerarlas "erróneas y contrarias a derecho" en determinados pronunciamientos.
En concreto, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León obligó a Galletas Gullón a indemnizar a su ex director general con cerca de nueve millones de euros por despido improcedente, lo que suponía la mayor indemnización impuesta en España por este motivo, según la sentencia dictada el pasado 21 de julio.
La sentencia considera que la salida del directivo, que trabajó 22 años en la compañía, afloró "en el contexto de un conflicto intestino por el control de Galletas Gullón", en referencia a la lucha que mantiene la presidenta del consejo destituida, María Teresa Rodríguez Sainz-Rozas, con sus tres hijos varones por el control de la empresa.
ACTUACIONES JUDICIALES EMPRENDIDAS.
La compañía palentina ha subrayado que tiene ya emprendidas diversas actuaciones administrativas y judiciales en defensa de los intereses sociales y las ha ampliado y completará con las que procedan para el resarcimiento de los daños y perjuicios causados y que se causen a la empresa y para el restablecimiento de la legalidad.
Precisamente, el equipo de abogados de la empresa Galletas Gullón, dirigido por Pablo Rodríguez-Mourullo, ha presentado en el registro del Juzgado de Instrucción de Cervera de Pisuerga (Palencia) un escrito solicitando la ampliación de la querella criminal contra Juan Miguel Martínez Gabaldón al encontrar nuevas pruebas periciales e indicios de nuevos delitos en la actuación del ex director general de la compañía.
En la querella criminal Galletas Gullón acusa Juan Miguel Martínez Gabaldón de un delito continuado de estafa y otro de estafa en bienes inmuebles, también de delitos fiscales y de falsedad en contrato mercantil.
