BRUSELAS, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea quiere reducir a ocho los criterios con los que se clasifican las zonas agrícolas desfavorecidas de tipo intermedio por las que los agricultores de estas explotaciones reciben ayudas específicas. El objetivo es unificar el sistema en todo el territorio comunitario para corregir las desigualdades y excluir los parámetros socio-económicos que hasta ahora sí se tenían en cuenta para esta catalogación.
Con esta iniciativa, Bruselas quiere corregir el "tratamiento desigual" que sufren las explotaciones agrícolas desfavorecidas en función del Estado miembro al que pertenecen, puesto que cada país tiene sistemas de clasificación independientes que "no son comparables", explicaron fuentes comunitarias.
La disparidad de metodologías dificulta el uso de criterios unitarios (se aplican más de 100 parámetros distintos en toda la UE), lo que a juicio de la Comisión puede favorecer la discriminación. De media, las ayudas distan desde los 16 euros por hectárea en España a los 196 euros en Finlandia ó 250 euros en Malta.
La propuesta presenta ocho criterios basados en condiciones climatológicas y del suelo cultivado (como las bajas temperaturas, la profundidad de enraizamiento o el drenaje del suelo) y pretende garantizar que las explotaciones que reciben estos subsidios son producciones que "contribuyen realmente" al mantenimiento del paisaje, los hábitats naturales y la biodiversidad.
Los cambios en la forma de clasificación afectaría a las zonas "intermedias", es decir al 31% de la superficie agrícola comunitaria, ya que Bruselas considera que la metodología para fijar las otras dos categorías desfavorecidas (de montaña y específicas como las insulares) sí cuentan con parámetros "muy claros".
En el caso de España, un 44% de su superficie agraria ha sido declarada como zona desfavorecida intermedia y equivale al 6% de las explotaciones agrícolas del territorio nacional. Las zonas desfavorecidas de tipo intermedio en España recibirán en total algo más de 181 millones de euros por sus características específicas, según datos del Ejecutivo comunitario.
Las fuentes recalcaron que la pretensión de la Comisión "no es reducir o ampliar de cualquier manera" estas zonas agrícolas desfavorecidas, sino que su delimitación sea "más objetiva y correcta" a partir de criterios comunes en la UE.
El Ejecutivo comunitario prevé que este sistema pueda entrar en vigor a partir de 2014 y admite estudiar la posibilidad de permitir "periodos transitorios" para que las producciones que queden excluidas puedan adaptarse al cambio.
Sin embargo, la propuesta adoptada este martes no es legislativa porque el Ejecutivo comunitario no dispone de datos "suficientemente precisos", explicaron fuentes comunitarias. Por ello, añadieron, Bruselas solicita ahora a los Estados miembros que pongan a prueba el nuevo sistema que sólo valora las dificultades naturales, para evaluar así el impacto que tendría esta metodología.
Las mismas fuentes precisaron que los Estados miembros cuentan con seis meses para remitir los resultados de las pruebas a la Comisión, que a partir de entonces preparará la propuesta legislativa.
