MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, ha asegurado este miércoles que su propuesta de regulación del mercado mayorista de banda ancha, que conllevaría nuevas obligaciones en fibra para Telefónica, "no está cerrada", y que el Consejo del 'superregulador' tendrá la última palabra una vez oídos todos los actores implicados.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Economía del Congreso, Marín Quemada ha explicado que la consulta pública sobre el análisis de los mercados mayoristas de banda ancha "está aún abierta" y que las medidas que se han conocido hasta la fecha son únicamente "reflexiones" publicitadas en un "ejercicio de transparencia". "Pero nada está cerrado", ha insistido.
Así, ha defendido que la propuesta de la Dirección de Telecomunicaciones y Audiovisuales de la CNMC para regular el mercado de banda ancha busca un "equilibrio" entre la competencia efectiva y la promoción de las inversiones en redes de nueva generación, y plantea "obligaciones regulatorias diferenciadas para la tradicional red de cobre y la nueva red de fibra óptica".
"Queda fuera de toda duda que el empresario inversor requiere un retorno, porque si no no invertiría. De ahí la necesidad de una regulación equilibrada y eficaz", ha insistido.
ZONAS DIFERENTES
En este sentido, Marín Quemada ha abundado en que el 'superregulador' ha identificado nueve municipios donde hay un "mayor nivel de competencia" en el despliegue de las redes fijas de nueva generación, por lo que se podría "desregular" el acceso a la fibra óptica manteniendo las obligaciones sobre la red de cobre, las infraestructuras de obra civil y el último tramo de las redes de fibra en los edificios. Para el resto de municipios, la CNMC propone que el operador principal (Telefónica) deba prestar un nuevo servicio mayorista de acceso virtual al bucle de fibra óptica.
Por su parte, en el mercado de acceso indirecto del segmento residencial, también se han identificado dos zonas con diferente grado de competencia, lo que llevaría a mantener las obligaciones de acceso indirecto a las redes de fibra y cobre sólo en la zona con menos competidores, y que durante un año Telefónica deba desarrollar "de forma transitoria" una oferta mayorista de acceso indirecto sobre fibra óptica nacional sin el límite de 30 Mbps.
En cuanto a los servicios de banda ancha en el segmento empresarial, la CNMC cree que Telefónica tiene una "posición de ventaja" que no se ha reducido en los últimos años, por lo que propone crear una oferta mayorista de acceso indirecto específica que "permita la prestación de servicios de acceso de banda ancha de alta calidad a las empresas" por parte de un mayor número de proveedores.
La propuesta del 'superregulador' incluye asimismo una simplificación de las condiciones de cierre de centrales por parte de Telefónica para "alinear las previsiones regulatorias del cierre a las que existen en el ámbito europeo".
MOCIÓN 'POPULAR'
Marín Quemada ha defendido esta propuesta una semana después de que el Grupo Popular presentara en el Senado una moción para pedir a la CNMC que reduzca las obligaciones impuestas a Telefónica en el mercado mayorista de banda ancha por sus "efectos desfavorables", propuesta que se retiró al cabo de unos días.
En ese momento, y también durante la comparecencia de este miércoles, los portavoces de la oposición criticaron duramente la "injerencia" del PP y del Gobierno contra la independencia de la que debe gozar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Además, han pedido a Marín Quemada su opinión sobre la moción.
Y es que la propuesta de la Comisión supone obligar a la teleoperadora a abrir su red de fibra a sus rivales con unos precios fijados con un test de replicabilidad económica, excepto en nueve municipios --Madrid, Barcelona, Alcalá de Henares, Badalona, Coslada, Móstoles, Málaga, Sevilla y Valencia--.
Según los 'populares', esta "cesión" a un precio regulado puede traer como consecuencia que esta compañía deje de invertir en España durante el ejercicio 2015 alrededor de 800 millones de euros, lo que afectaría en último término también a los empleos.
La propia Telefónica también se había quejado de esta regulación, instando a la CNMC a modificar su propuesta y amenazando con reducir el ritmo de despliegue de su red, en contra de los criterios de Orange y Vodafone, partidarios de la propuesta.
De hecho, Orange asegura que dicha regulación, lejos de desincentivar sus inversiones en fibra --su objetivo es alcanzar los 10 millones de hogares en 2017--, les anima y les da una perspectiva "más clara" para hacerlo. Por su parte, Vodafone calificó la propuesta de "razonable, equilibrada, sensata, basada en datos empíricos" y aseguró va en la "buena dirección".
